Varios países de América Latina han manifestado su oposición al decreto emitido por el gobierno de Honduras que ordena un recuento general de los votos tras las recientes elecciones presidenciales. La medida, adoptada por el presidente Juan Orlando Hernández, es vista como un intento por desconocer la autoridad del Consejo Nacional Electoral (CNE) y poner en riesgo la voluntad popular expresada en las urnas.
Guatemala, junto a otros siete países de la región, emitieron un comunicado conjunto en el que rechazan enérgicamente el decreto hondureño. Los gobiernos consideran que la decisión de ordenar un nuevo escrutinio de los votos desconoce la legitimidad del proceso electoral y sienta un peligroso precedente en la región.
"Expresamos nuestra profunda preocupación por la decisión unilateral del gobierno de Honduras de ordenar un recuento general de los votos, lo cual pone en duda la transparencia y legalidad de las elecciones celebradas", reza el comunicado firmado por los cancilleres de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y México.
Los países cuestionan que el decreto presidencial ignore las atribuciones constitucionales del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, el organismo encargado de organizar y validar los comicios. Consideran que la medida "desconoce la voluntad popular expresada en las urnas" y "siembra incertidumbre sobre el respeto a la democracia" en la región.
La oposición regional al decreto hondureño se produce en un contexto de creciente polarización política en el país centroamericano. Tras las elecciones del 28 de noviembre, el candidato opositor Xiomara Castro denunció irregularidades y fraude, exigiendo un recuento total de los votos. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral ya había declarado ganador al candidato del gobernante Partido Nacional, Nasry Asfura.
Ante la presión internacional, el presidente Hernández justificó la medida asegurando que busca "garantizar la transparencia" del proceso electoral. No obstante, los países vecinos lo acusan de intentar mantenerse en el poder a través de maniobras antidemocráticas.
El rechazo de la comunidad regional a las acciones del gobierno hondureño pone de manifiesto la creciente preocupación por el deterioro de la democracia en Centroamérica. Los analistas advierten que el decreto de Hernández sienta un precedente peligroso que podría ser replicado en otros países de la región, socavando la estabilidad política y el respeto a la voluntad popular.
