El Gobierno de Pedro Sánchez ha puesto en marcha una estrategia para utilizar el nuevo modelo de financiación autonómica como un instrumento político, con el objetivo de consolidar su bloque de investidura y desgastar a la oposición.
Tras el duro revés electoral sufrido por el PSOE en Extremadura, el Ejecutivo ha decidido disfrazar las cesiones a los independentistas con más inversiones en el resto de las comunidades, buscando frenar la sangría de votos de un partido debilitado por los escándalos de corrupción y acoso sexual.
Bajo la dirección de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, la medida busca garantizar la lealtad de los socios independentistas, especialmente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), cuyo apoyo es determinante para que el Gobierno pueda aprobar los Presupuestos Generales del Estado.
Además, la estrategia también persigue reforzar la imagen de Montero, candidata del PSOE en Andalucía, de cara a los próximos comicios autonómicos. La vicepresidenta ha conseguido situar a su comunidad entre las grandes beneficiarias del nuevo modelo de financiación, convirtiendo el reparto de recursos en una palanca política.
El acuerdo, negociado de manera bilateral en la Moncloa entre Sánchez y el líder de ERC, Oriol Junqueras, se convierte en un nuevo escenario donde el Gobierno mezcla cesiones políticas y reparto de dinero público con fines electorales.
En este contexto, Cataluña recibirá 4.700 millones de euros más, mientras que Aragón, donde el PSOE también se enfrenta a las urnas el próximo 8 de febrero, apenas verá 629 millones adicionales, acentuando la desigualdad entre territorios.
El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, no ocultó que la estrategia del Ejecutivo está claramente orientada a satisfacer al independentismo, al afirmar que "es habitual que Cataluña sea quien lidere ese tipo de debates" sobre financiación autonómica.
Además, el Gobierno pretende poner al PP contra las cuerdas y alimentar una estrategia de desgaste en las comunidades autónomas, bajo la premisa de que sean los barones populares quienes rechacen un aumento de recursos para los servicios públicos, mientras el Ejecutivo convierte las arcas públicas en una herramienta a su servicio.
