Diversas organizaciones y extrabajadores han elevado una nueva alerta sobre lo que describen como un esquema de huachicol eléctrico utilizado para alimentar granjas ilegales de criptomonedas dentro de instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), un conflicto que ha generado denuncias penales, reclamos económicos y cuestionamientos sobre la opacidad en la investigación.
Según el Frente Amplio de Unidad "Jorge Tapia Sandoval" A.C., documentos y evidencias presentados ante autoridades federales aseguran que en al menos cinco sedes sindicales del SME incluidas localidades en Nuevo Necaxa (Puebla), El Oro (Estado de México), San Simonito (Edomex), Juandhó (Hidalgo) y Villa Coapa (CDMX) operaban conexiones eléctricas clandestinas que alimentaban equipos para la minería de criptomonedas sin contrato ni pago a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Los denunciantes estiman que esta actividad habría generado un consumo de energía equivalente a millones de pesos en perjuicio económico para la CFE, con cifras estimadas en más de 6 millones de kilowatt-hora en solo un bimestre, volumen suficiente para abastecer miles de viviendas.
Este uso irregular de electricidad habría ocurrido durante más de un año en algunos inmuebles que anteriormente pertenecieron a la extinta Luz y Fuerza del Centro y que ahora están bajo control del SME. Las operaciones habrían continuado pese a que en enero de 2025 la fuerza pública, junto con la CFE, desmanteló una granja en Nuevo Necaxa y cortó las conexiones clandestinas.
La CFE ya ha exigido el pago de más de 16 millones de pesos por consumo no facturado en instalaciones de El Oro durante un periodo de marzo a abril de 2025, según un aviso formal de ajuste de facturación. El uso indebido de energía eléctrica sin contrato constituye un delito federal y podría derivar en sanciones y responsabilidades penales.
Organizaciones como el Frente Amplio también entregaron documentos a instancias como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Fiscalía General de la República (FGR), el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) y la Presidencia de la República, exigiendo que se investigue no solo el robo de energía, sino también posibles actos de asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y enriquecimiento ilícito.
Hasta el momento, no se reportan detenciones ni avances judiciales significativos en las causas presentadas, lo que ha generado críticas por la presunta impunidad en torno a estas acusaciones, mientras familiares y habitantes de las zonas afectadas observan con preocupación la falta de transparencia.
El caso pone sobre la mesa cuestiones sensibles sobre la explotación de recursos energéticos, el impacto financiero para la CFE y la regulación de actividades vinculadas a criptomonedas en México, especialmente cuando están envueltas organizaciones de relevancia histórica como el SME.
