El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para evitar que tribunales o acreedores puedan incautar los ingresos de la venta de petróleo venezolano que estarán almacenados en cuentas del Departamento del Tesoro.
La medida, anunciada en un comunicado de la Casa Blanca, tiene como objetivo preservar esos fondos para que puedan ser utilizados "en Venezuela para ayudar a crear paz, prosperidad y estabilidad", según indicó el gobierno estadounidense.
Trump consideró que la posibilidad de embargo o la imposición de un proceso judicial contra esos ingresos "constituye una amenaza inusual y extraordinaria" a la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos. Por lo tanto, ordenó que cualquier intento de embargo, sentencia, decreto, gravamen, ejecución u otro proceso judicial contra esos recursos quede prohibido y sea considerado nulo.
La orden ejecutiva también establece que el secretario del Tesoro deberá designar esos fondos de manera "que refleje claramente su estatus como propiedad soberana del Gobierno de Venezuela bajo custodia de Estados Unidos, y no como propiedad" del país norteamericano. Además, se deberá cumplir con las instrucciones relativas a "desembolsos o transferencias de Fondos de Depósito del Gobierno Extranjero según determine el secretario de Estado".
Cabe mencionar que esta medida llega en un momento en que varias empresas, como Exxon Mobil y ConocoPhillips, mantienen reclamaciones de vieja data contra Venezuela por la expropiación de sus activos hace casi 20 años. De hecho, Trump firmó la orden el mismo día que se reunió con ejecutivos de esas y otras compañías petroleras, en el marco de una campaña para incentivarlas a invertir 100.000 millones de dólares en la industria petrolera venezolana.
La orden ejecutiva de Trump busca, por un lado, evitar que esos fondos puedan ser embargados por acreedores o tribunales, y por otro, mantenerlos bajo control estadounidense para utilizarlos, supuestamente, en beneficio del pueblo venezolano. Sin embargo, la medida también ha sido interpretada como un intento de asegurar el control de los recursos energéticos de Venezuela.
