Después de casi una década de investigaciones, un tribunal en Chile condenó a altos oficiales de la policía y a un civil por fabricar pruebas falsas para incriminar injustamente a miembros de la comunidad mapuche. El caso destapa un escándalo de abusos y manipulación del sistema judicial por parte de las fuerzas de seguridad.
Durante el último año del gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, la policía militarizada de Carabineros detuvo a ocho personas pertenecientes al pueblo originario mapuche en la región de La Araucanía. Los acusaron de contrabando de armas de fuego y participación en atentados incendiarios contra la industria maderera.
Como pruebas, la inteligencia de Carabineros presentó ante los tribunales supuestos mensajes de las redes de WhatsApp e Instagram que habrían sido interceptados gracias a un programa informático creado por un civil, el ingeniero agrícola Alex Schmidt. Sin embargo, expertos en derecho y tecnologías avanzadas expresaron su incredulidad de que la policía tuviese la capacidad técnica para romper los protocolos de cifrado de ambos sistemas de mensajería.
Finalmente, quedó claro que los teléfonos de los acusados fueron manipulados después de su captura y que todas las acusaciones fueron un montaje para hacer creer a la justicia que los comuneros pertenecían a alguna organización de resistencia mapuche.
Este viernes, luego de casi nueve años, el Tribunal Penal de Temuco dictaminó la culpabilidad de cuatro de los 11 participantes en esta farsa: el antiguo director de Inteligencia de Carabineros, el exgeneral Gonzalo Blu; los oficiales también retirados, el capitán Leonardo Osses y el mayor Patricio Marín, así como el civil Alex Schmidt.
Las sesiones del juzgado continúan, por lo que otros implicados también pueden resultar sujetos a condena. Este caso destapa un grave abuso de poder por parte de las fuerzas de seguridad chilenas, que utilizaron métodos ilegales y manipulación del sistema judicial para perseguir injustamente a miembros de la comunidad mapuche.
La condena a estos altos oficiales y al civil involucrado es un paso importante para esclarecer la verdad y hacer justicia. Sin embargo, el daño causado a la comunidad mapuche y la erosión de la confianza en las instituciones del Estado son heridas que tardarán en sanar. Este escándalo pone de manifiesto la urgente necesidad de reformar y supervisar más estrechamente a las fuerzas de seguridad en Chile, para evitar que se repitan abusos de este tipo en el futuro.
