El gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado que comenzará a ejecutar ataques terrestres contra los cárteles de la droga que controlan amplias zonas de México. Sin embargo, defensores de derechos humanos han alertado sobre los riesgos que esto podría suponer para la población civil.
Según la información recabada, los estados mexicanos que han registrado la mayor concentración de la enfermedad fueron Ciudad de México, Chihuahua, Nuevo León y Aguascalientes. Esto evidencia la gravedad de la situación y la necesidad de una respuesta coordinada entre ambos países.
Por su parte, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, prometió ser el puente para recibir las iniciativas ciudadanas sobre la reforma electoral y enviarlas a las comisiones dictaminadoras. Esto demuestra el compromiso de las autoridades mexicanas por escuchar a la sociedad civil y avanzar en el proceso de democratización.
Adicionalmente, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que su gobierno está evaluando la posibilidad de coordinar esfuerzos con Brasil para atender la violencia contra las mujeres. Esta iniciativa es fundamental para abordar uno de los principales desafíos de seguridad que enfrenta el país.
En otro orden de cosas, la Secretaría de Marina (Semar) mantiene una investigación de mercado para contratar un seguro, luego de que en 2025 declarara desierta la licitación. Esta medida busca garantizar la protección del personal y los activos de la institución.
Finalmente, en una llamada telefónica, la presidenta Sheinbaum y su homólogo brasileño repudiaron los ataques de EE.UU. a la soberanía de Venezuela. Esta posición refleja la importancia que ambos gobiernos otorgan al respeto de la integridad territorial y la no injerencia en los asuntos internos de otros países.
En resumen, el anuncio del gobierno de Trump sobre ataques terrestres contra los cárteles en México ha generado preocupación por los posibles riesgos para la población civil. Sin embargo, las autoridades mexicanas han demostrado su compromiso con la reforma electoral, la seguridad de las mujeres y la defensa de la soberanía regional. Estos esfuerzos conjuntos son fundamentales para abordar los desafíos de seguridad y fortalecer la cooperación bilateral.
