El Banco Central de la República Dominicana se acerca a sus ochenta años de existencia como una de las instituciones más sólidas del Estado dominicano. Fundado en 1947, en un contexto internacional marcado por la posguerra y la reorganización del sistema monetario global, nació con una misión clara: preservar el valor de la moneda, ordenar el crédito y servir de ancla de estabilidad para una economía pequeña, abierta y vulnerable a los choques externos.
Con el paso de las décadas, esa misión fue adquiriendo una dimensión histórica más amplia. El Banco Central dejó de ser un simple órgano técnico para convertirse en una verdadera roca institucional sobre la cual se edificó la estabilidad macroeconómica del país. Esa solidez no fue automática ni lineal, la historia monetaria dominicana conoció episodios de inflación, presiones fiscales, devaluaciones y crisis bancarias. Sin embargo, incluso en esos momentos de fragilidad, el Banco Central se mantuvo como referencia institucional del Estado, no como apéndice coyuntural del poder político.
El punto de inflexión más claro de esa historia se produjo en 1994, con el inicio de la gestión de Héctor Valdez Albizu al frente del Banco Central. A partir de ese momento, el país entró en un ciclo de estabilidad monetaria e institucional que, con la sola excepción del colapso bancario de 2000 2004, ha perdurado por más de tres décadas. No se trató de un milagro económico ni de una bonanza externa excepcional, sino de una decisión política sostenida: dotar al banco central de credibilidad, continuidad técnica y reglas claras.
El rasgo central de esa estabilidad fue la recuperación del principio clásico de la banca central moderna: la preservación del valor de la moneda como bien público. Desde 1994 se restablecieron anclas monetarias, se fortaleció la coordinación entre política fiscal y monetaria y se consolidó una cultura de prudencia macroeconómica. El gobernador del banco central dejó de ser un ejecutor del poder político de turno para convertirse en un garante institucional, con autonomía técnica, horizonte de largo plazo y responsabilidad histórica.
Este recorrido adquiere pleno sentido cuando se lo contrasta con la experiencia venezolana reciente. Bajo el liderazgo político de Delcy Rodríguez, y con la designación de Calixto Ortega Sánchez como "zar económico" en el escenario post-Maduro, Venezuela consolida un modelo radicalmente opuesto al dominicano. No se trata de reconstruir la autonomía del banco central ni de restaurar la credibilidad de la moneda, sino de concentrar el control económico en una figura técnica subordinada directamente al poder político, con el objetivo explícito de administrar el colapso, no de revertirlo.
Frente a ese panorama, la experiencia dominicana posterior a 1994 adquiere un valor ejemplar. La estabilidad monetaria no fue un accidente ni una concesión ideológica, sino una política de Estado sostenida por gobiernos de distinto signo. Esa continuidad permitió crecimiento, expansión del crédito, atracción de inversión y, sobre todo, previsibilidad social. A las puertas de sus ochenta años, el Banco Central de la República Dominicana no es solo una institución técnica: es una lección histórica. Demuestra que la estabilidad monetaria es, ante todo, una decisión política a favor de las instituciones.
