El partido político Perú Primero completó el pago de la tasa electoral para poder apelar la resolución del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 (JEE Lima Centro 1) que declaró fundadas las tachas contra la candidatura presidencial de Mario Vizcarra.
Inicialmente, el JEE Lima Centro 1 declaró inadmisible la apelación de Perú Primero porque se adjuntó el pago de 1.605 soles cuando la tasa, calculada a partir de una UIT, es de 1.650 soles a partir del 2026. El pago que realizó en un inicio el partido correspondía a la tasa de 2025. Sin embargo, Perú Primero subsanó el pago faltante de 45 soles minutos antes de que se les notificara la resolución.
Ahora, el JEE procederá a admitir a trámite la apelación de Perú Primero y elevará el expediente al pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que decida en última instancia si permite la postulación de Mario Vizcarra.
La agrupación Perú Primero argumenta que la Ley 30717, que inhabilita a condenados por corrupción, continúa vigente, pero que su aplicación literal vulnera derechos constitucionales, citando pronunciamientos previos del Tribunal Constitucional (TC). Sostienen que, de acuerdo con fallos del TC, los organismos electorales deben garantizar el ejercicio de los derechos políticos de ciudadanos rehabilitados, como es el caso de Mario Vizcarra Cornejo. Según el recurso presentado, solo una condena penal vigente podría impedir la candidatura, mientras que la rehabilitación de Vizcarra fue acreditada y la reparación civil prescrita.
La apelación critica que el JEE Lima Centro 1 haya omitido los efectos jurídicos de la rehabilitación de Vizcarra y se haya apoyado en una resolución que ya fue anulada por el Tribunal Constitucional, además de citar el voto minoritario de un magistrado en un caso que dejó sin efecto la mencionada ley para un implicado.
En caso de que el JNE no modifique el criterio y mantenga la prohibición a la candidatura de Mario Vizcarra, Perú Primero evalúa la posibilidad de acudir al Poder Judicial e incluso al Tribunal Constitucional. No obstante, reconoce que cualquier decisión favorable en estas instancias podría llegar cuando ya hubiera concluido el proceso electoral.
