En medio de una profunda crisis política y electoral en Honduras, el Congreso Nacional, dominado por la bancada del partido Libertad y Refundación (Libre), se ha atribuido la facultad de declarar de manera definitiva los resultados de las elecciones generales de noviembre de 2025, desafiando abiertamente al Consejo Nacional Electoral (CNE), el único organismo constitucionalmente habilitado para realizar el conteo de votos y emitir la declaratoria oficial.
En una sesión que se extendió hasta altas horas de la madrugada, la mayoría oficialista en el Legislativo aprobó un decreto que busca revertir la declaratoria realizada por el CNE el 30 de diciembre de 2025. Según el documento, el Congreso exige al CNE que proceda a realizar un nuevo conteo de todas las actas que supuestamente no fueron debidamente escrutadas, incluyendo 306 a nivel presidencial, 2,620 para diputados y 1,848 para alcaldías.
Además, el decreto solicita al Ministerio Público que promueva acciones penales en contra de las consejeras electorales Ana Paola Hall y Cossette López, a quienes acusan de no haber cumplido con el escrutinio completo de los votos. La bancada oficialista advirtió que, de no acatar estas medidas, el Congreso asumiría directamente la responsabilidad del proceso electoral.
Esta acción del Congreso ha sido rechazada por diversos analistas y medios de verificación, quienes han señalado que, si bien la Constitución hondureña contempla la facultad del Legislativo de escrutar y declarar elecciones en caso de que el CNE no lo haga dentro del plazo, esa potestad no es válida una vez que el órgano electoral ha emitido su declaratoria oficial, como ocurrió en este caso.
Según los expertos, cualquier controversia pendiente debe resolverse por las vías legales establecidas, especialmente ante el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), y no mediante deliberaciones legislativas, lo que podría generar una grave crisis institucional en Honduras.
Este capítulo marca un punto de alta tensión entre los poderes del Estado en Honduras, en medio de una disputa por la legitimidad del proceso electoral y la competencia de las distintas ramas del gobierno.
