Costa Rica ha logrado importantes avances en infraestructura durante la presente década, con inversiones en sectores clave como carreteras, puertos y aeropuertos. Sin embargo, el contar con una red de infraestructuras de primer nivel requiere de un esfuerzo sostenido en el mediano y largo plazo, más allá de los cambios de gobierno.
En este contexto, el economista Federico Villalobos Carballo, especialista en infraestructura, plantea siete elementos técnicos determinantes para garantizar servicios públicos que impulsen la competitividad y mejoren la calidad de vida de los ciudadanos costarricenses.
En primer lugar, Villalobos destaca la necesidad de que las iniciativas formen parte de una política de Estado que garantice la continuidad, independientemente del gobierno de turno. Las decisiones sobre proyectos deben tomarse con base en criterios técnicos y no en discusiones políticas. Proyectos como el tren eléctrico, la carretera a San Ramón, Limonal-Barranca, y la carretera a San Carlos, deben continuarse con seriedad y disciplina técnica.
Asimismo, el experto señala que los gobiernos deben ser evaluados no solo por inauguraciones, sino también por el avance de factibilidades, el inicio oportuno de los procesos expropiatorios, la relocalización de servicios públicos y la obtención de permisos necesarios, para que los proyectos puedan ejecutarse sin inconvenientes.
Villalobos también advierte sobre la necesidad de evitar atajos o caminos rápidos, pues la experiencia ha demostrado que terminan generando cuantiosos sobrecostos y atrasos cuando se prioriza la ejecución por consideraciones políticas.
Otro elemento clave es la importancia de programar el mantenimiento y operación de la infraestructura desde el inicio de toda obra, pues de lo contrario se heredarán mayores problemas a las futuras generaciones. Esto implica un cambio cultural donde se normalice el orden y la adecuada conservación de carreteras, telecomunicaciones, publicidad y otras estructuras.
Villalobos también destaca la necesidad de pasar de una visión centrada únicamente en la construcción, a una selección de inversiones orientada a resultados que priorice la mejora en el servicio público y no solo la cantidad de inauguraciones.
En cuanto a la forma de financiar los nuevos proyectos, el experto subraya la importancia de evaluar el potencial de implementarlos bajo esquemas de asociación público-privada (APP), lo que permite complementar el esfuerzo presupuestario del Estado y trasladar riesgos y responsabilidades al sector privado.
Finalmente, Villalobos enfatiza la necesidad de garantizar la transparencia y generar confianza ciudadana, limitando los conflictos de interés y contrastando los resultados de los proyectos con lo proyectado en los estudios de factibilidad.
En conclusión, Costa Rica enfrenta el reto de consolidar una infraestructura de primer nivel que impulse su competitividad y mejore la calidad de vida de sus ciudadanos. Para lograrlo, se requiere de una visión de Estado, criterios técnicos, transparencia y un esfuerzo sostenido en el mediano y largo plazo, más allá de los cambios de gobierno.
