La Procuraduría de Panamá emitió un pronunciamiento que aclara el marco legal sobre la vacunación infantil y los límites de la intervención estatal. Si bien la ley reconoce la vacunación como un derecho y una obligación, especialmente para niños y poblaciones vulnerables, también establece salvaguardas para proteger los derechos fundamentales de las personas.
El documento de 10 páginas, elaborado a raíz de una consulta de la Sociedad Panameña de Pediatría, deja claro que los padres o responsables tienen la obligación de cumplir con las indicaciones del Ministerio de Salud sobre inmunización. Sin embargo, también señala que el Estado no puede imponer la vacunación de manera absoluta.
La Procuraduría recuerda que el ministro de Salud puede ordenar acciones de inmunización extraordinarias cuando considere que la salud de la población está en riesgo, y que estas medidas pueden ser obligatorias. No obstante, advierte que ese poder no es ilimitado y debe ejercerse "con absoluto y estricto respeto a la dignidad, los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas".
En el caso específico de los niños, la Procuraduría introduce un elemento clave: si los padres se oponen a la vacunación y esa negativa pone en riesgo la salud o la vida del menor, el procedimiento no queda en manos exclusivas del personal médico ni de la autoridad administrativa, sino que debe pasar por un juzgado de niñez y adolescencia, que puede autorizar la intervención médica necesaria.
Otro punto relevante es el alcance del consentimiento informado. Como regla general, toda intervención médica requiere el consentimiento libre e informado, pero existen excepciones expresamente previstas, como situaciones de emergencia o riesgo para la salud pública. En esos escenarios, el médico puede actuar para salvaguardar al paciente y luego informar a la autoridad judicial correspondiente.
La Procuraduría también aclara que, si bien la Ley 48 de 2007 tipifica como infracción el incumplimiento del esquema de vacunación o la obstaculización de campañas sanitarias, las sanciones administrativas directas solo aplican a servidores públicos, sin perjuicio de eventuales acciones civiles o penales en casos específicos.
En resumen, el pronunciamiento de la Procuraduría de Panamá busca equilibrar la protección de la salud pública y el interés superior del menor con el respeto a los derechos fundamentales de las personas. Mientras que la vacunación es un derecho y una obligación, especialmente para los niños, el Estado no puede imponerla de manera absoluta y debe respetar las salvaguardas legales, incluyendo la intervención judicial en casos de oposición de los padres.
