La presidenta de Navarra, María Chivite, ha negado este viernes que los sobrecostes recogidos en el modificado de las obras de los túneles de Belate respondan a directrices políticas. Acompañada de los consejeros de Economía y Hacienda, y de Cohesión Territorial, Chivite ha explicado que "se están evidenciando distintos criterios técnicos, pero igualmente ningún interés político ni ninguna interferencia en el proceso".
La mandataria ha insistido en que la voluntad del Gobierno es que las obras continúen y se culminen, como ya se decidió en 2019, para garantizar una circulación más segura y cumplir la normativa europea. Chivite ha recalcado que su única decisión como presidenta ha sido de carácter político y estratégico: "Impulsar la ejecución de las obras para poner fin a más de una década de incumplimiento de la directiva europea de seguridad en túneles".
Las obras de los túneles de Belate fueron adjudicadas a una Unión Temporal de Empresas integrada por Acciona, Osés y Servinabar. Esta última empresa, a la que se ha vinculado con el exdirigente socialista Santos Cerdán, fue posteriormente excluida de la UTE.
Chivite ha negado que haya habido indicaciones políticas sobre a qué empresa debía concederse el contrato, señalando que la adjudicación la realizó una mesa técnica. Sin embargo, las explicaciones de la presidenta y sus consejeros no han sido suficientes para los grupos de la oposición, que han pedido la dimisión de Chivite y la convocatoria de elecciones.
Por su parte, los portavoces de los grupos integrantes del Ejecutivo (PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin) y EH Bildu han criticado el "relato" de UPN, solicitante de la comparecencia de Chivite en la Comisión de Régimen Foral del Parlamento foral.
La presidenta ha insistido en que la modificación presupuestaria y las desviaciones en este tipo de obras complejas son habituales, recordando que situaciones similares ya se habían dado en actuaciones anteriores durante gobiernos de UPN. Chivite ha afirmado que, tras el parón navideño, las obras continúan y que los departamentos de Cohesión Territorial y Economía y Hacienda trabajan de forma coordinada en la resolución de los pagos a la UTE y en el diseño del nuevo modificado, con la participación de la Intervención General.
