El fotoperiodista salvadoreño Diego Andrés Rosa Rosales fue detenido el pasado 2 de enero en Sevilla, España, por la Policía Nacional en cumplimiento de una orden de arresto de Interpol solicitada por el Gobierno de Nayib Bukele. Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha expresado su "máxima preocupación" por este hecho y ha pedido a las autoridades españolas que prioricen la protección internacional solicitada por el periodista.
Según la información proporcionada por RSF, Rosa Rosales, de 25 años, inició su carrera profesional en 2020 y ha colaborado con medios como "La Prensa Gráfica", "El Faro", "Infodemia" y la emisora Radio YSUCA, cubriendo temas de política, sociedad y derechos humanos en El Salvador.
A lo largo de 2025, el periodista "sufrió acciones sistemáticas de acoso y vigilancia policial" que lo obligaron a abandonar El Salvador el pasado mes de septiembre. Semanas después de su huida, Rosa Rosales, su hermano y su madre recibieron una notificación de un órgano judicial de El Salvador en la que se les imputaba supuestos cargos de "hurto por medios informáticos" y "agrupaciones ilícitas", una figura penal "muy utilizada en el actual régimen de excepción vigente desde marzo de 2022".
Según el comunicado de RSF, la "maniobra" del Gobierno de Nayib Bukele constituye un "claro abuso de los mecanismos de cooperación policial internacional con el fin de perseguir a un periodista en el exilio". El fotoperiodista ha expresado su "temor fundado", así como el de su familia, de "regresar a El Salvador y quedar sometidos a un sistema judicial cooptado y a un sistema penitenciario en el que organizaciones de derechos humanos han documentado tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, graves violaciones a derechos fundamentales y muertes de personas bajo custodia estatal".
La Audiencia Nacional de España ordenó la puesta en libertad provisional de Rosa Rosales, a la espera de una eventual solicitud de extradición por parte de El Salvador, que deberá presentarse durante los próximos 40 días. Mientras tanto, la sección española de RSF está en contacto con el fotoperiodista y con su entorno desde su detención, denunciando este hecho como parte de un "patrón de criminalización de la crítica y del trabajo periodístico" en El Salvador.
