El gobierno de Rodrigo Paz Pereira en Bolivia ha dado un giro radical en su política exterior, cerrando la embajada de Suecia y abriendo una nueva representación diplomática en Israel. Esta decisión, que pone fin a décadas de vínculos entre Bolivia y el país escandinavo, ha generado gran controversia y preocupación en diversos sectores de la sociedad boliviana.
La salida de Suecia de Bolivia se enmarca en una tendencia de los últimos años, donde el país ha cerrado otras delegaciones como las de Países Bajos, Dinamarca y Suiza. Estos países, que colaboraron en el desarrollo sostenible y el fortalecimiento de las instituciones bolivianas, son ahora reemplazados por una alianza con Israel, cuyo gobierno enfrenta acusaciones de genocidio y racismo.
La decisión de cerrar la embajada sueca, que siempre apoyó a Bolivia en la defensa de la libertad de expresión y acogió a decenas de exiliados políticos, es particularmente dolorosa para la prensa y la sociedad civil del país. Olaf Palme, el fallecido primer ministro sueco, fue reconocido como un líder europeo comprometido con la paz y los derechos humanos a nivel internacional.
En contraste, el gobierno de Paz Pereira ha priorizado una alineación más estrecha con Estados Unidos y ahora con Israel. El canciller Fernando Aramayo viajó a Washington para firmar el restablecimiento de las relaciones con Tel Aviv, cuyo régimen actual es acusado de promover la desaparición del pueblo palestino a través de la ocupación y la expansión de asentamientos ilegales.
Según fuentes, Aramayo instruyó a la delegación boliviana en Naciones Unidas para que votara junto a Estados Unidos y Argentina en contra de una resolución de censura a Israel por impedir el ingreso de ayuda humanitaria, a pesar de que organizaciones israelíes denuncian que este fue el peor año para los palestinos con un alto número de víctimas civiles, incluidos miles de niños.
Este giro en la política exterior de Bolivia bajo el gobierno de Paz Pereira ha generado preocupación y cuestionamientos sobre los motivos que impulsan estos cambios, alejándose de tradicionales aliados y acercándose a regímenes acusados de graves violaciones a los derechos humanos. La sociedad boliviana espera que estas decisiones no comprometan los principios democráticos y de defensa de los derechos humanos que han caracterizado a su país.
