A partir de este viernes, todas las líneas telefónicas móviles en México deberán estar asociadas a una persona física o moral, una medida que, según el gobierno federal, busca combatir delitos de extorsión, fraude y secuestro. Sin embargo, organizaciones defensoras de los derechos digitales han alertado que esta acción conlleva riesgos y violaciones a la privacidad de los usuarios.
La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) advierte que este tipo de registro fortalece un "sistema de vigilancia con mucha discrecionalidad", ya que los usuarios se ven obligados a entregar datos personales y biométricos a las empresas telefónicas, como la credencial de elector, pasaporte y Clave Única de Registro de Población (CURP). En caso de no hacerlo, las líneas serán suspendidas temporalmente.
Pepe Flores, director interino de R3D, señala que las autoridades de seguridad tendrán la facultad de requerir estos datos a las empresas sin necesidad de orden judicial y con pocas salvaguardas, lo que afectará principalmente a poblaciones vulnerables como periodistas, opositores, migrantes y manifestantes.
"A las autoridades [de seguridad] se les da facultad de requerir datos a las empresas [telefónicas] sin necesidad de orden judicial y con muy pocas salvaguardas (...) Esos datos al final del día van a afectar principalmente a poblaciones en una situación de vulnerabilidad", explicó Flores.
Según la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), los datos proporcionados quedarán en resguardo de las compañías telefónicas. Sin embargo, para R3D esto significa que, pese al supuesto resguardo, cada empresa está sujeta a entregar cualquier información si es requerida por las autoridades de seguridad bajo el argumento de combatir delitos.
El activista Pepe Flores advierte que, lejos de disminuir la incidencia delictiva, esta medida podría generar un repunte en el robo de celulares para cometer delitos, y atenta contra derechos como la presunción de inocencia, la privacidad y la protección personal de los usuarios.
