Más de dos meses después de la firma de los nuevos contratos de concesión con las operadoras móviles Conecel (Claro) y Otecel (Millicom-Tigo), los detalles de estos acuerdos siguen siendo un misterio para el público. A pesar de los esfuerzos del diario EXPRESO por acceder a la información, amparados en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP), las autoridades han mantenido un hermetismo total sobre los términos de estos contratos.
La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) ha justificado esta reserva alegando que los contratos contienen "información que ha sido legalmente clasificada como confidencial", ya que su divulgación "podría afectar la seguridad del sector y la competencia en el mercado". Sin embargo, la falta de transparencia ha generado cuestionamientos sobre los beneficios que estos acuerdos representarían para el país.
Según lo anunciado por el Gobierno en octubre de 2025, estos contratos de renovación de concesión hasta 2038 generarían ingresos por $1.550 millones. No obstante, detalles clave como las inversiones comprometidas, las obras y plazos para expandir la infraestructura y conectividad, así como los montos a pagar por el espectro radioeléctrico, permanecen en la opacidad.
La LOTAIP establece que cualquier persona puede solicitar acceso a información pública sin necesidad de justificar sus razones, y que las entidades tienen un plazo de 10 días, prorrogable por 5 más, para transparentar dicha información. Sin embargo, en este caso, Arcotel ha informado que aún se encuentra en proceso de determinar qué partes de los contratos pueden ser de carácter público, sin establecer una fecha concreta para su entrega.
Este hermetismo contrasta con el anuncio gubernamental sobre los supuestos beneficios de estos acuerdos para el país. Expertos y ciudadanía cuestionan la falta de transparencia, argumentando que la población tiene derecho a conocer los términos de estos contratos que involucran recursos públicos. Mientras tanto, la incertidumbre persiste sobre los verdaderos alcances de estos acuerdos entre el Estado y las operadoras móviles.
