La exigencia del presidente estadounidense Donald Trump de que Venezuela rompa de manera inmediata sus relaciones comerciales y estratégicas con Rusia y China, expulse a los ciudadanos iraníes presentes en su territorio y reoriente su política exterior hacia Washington, marca un punto de inflexión de alto impacto en la geopolítica regional.
La solicitud, realizada tras la detención de Nicolás Maduro y en medio de la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta, no es un simple condicionamiento diplomático, sino más bien una apuesta directa por redibujar el mapa de poder en el Caribe y América Latina.
Durante más de dos décadas, Venezuela construyó un entramado de alianzas estratégicas con potencias que comparten una visión crítica del orden internacional liderado por Estados Unidos. Rusia, China e Irán no solo se convirtieron en socios comerciales, sino en pilares políticos, financieros y militares que permitieron al chavismo sostenerse frente a sanciones, aislamiento y presión internacional.
Romper esos vínculos no implicaría únicamente un giro pragmático, sino una ruptura estructural con la lógica que ha definido al Estado venezolano desde principios del siglo XXI. China ha sido, quizá, el socio más determinante en términos económicos, asegurando suministro petrolero y presencia estratégica en el hemisferio occidental. Rusia, por su parte, aportó respaldo político en foros internacionales, cooperación militar y participación directa en el sector petrolero. Irán, aunque con menor peso económico, consolidó una relación basada en la afinidad ideológica y la cooperación energética y logística.
Aceptar las condiciones de Trump supondría para el gobierno de Delcy Rodríguez un realineamiento total con Estados Unidos, con implicaciones profundas tanto internas como externas. En el corto plazo, podría abrir la puerta al levantamiento de sanciones para Venezuela, al ingreso de capital estadounidense y a una recuperación acelerada de la industria petrolera. Sin embargo, el costo político sería elevado, ya que una parte significativa del aparato chavista y de la narrativa oficial se ha construido sobre la resistencia a Washington y la defensa de una política exterior "soberana".
Además, una ruptura abrupta con China y Rusia difícilmente quedaría sin consecuencias. Ambas potencias verían el giro venezolano como una derrota estratégica en una región que consideran clave para equilibrar la influencia estadounidense. La reacción podría manifestarse en el retiro de inversiones, la exigencia de pagos anticipados de deudas, la presión diplomática o incluso el uso del caso venezolano como ficha de negociación en escenarios globales más amplios.
El escenario contrario, en el que Venezuela decida rechazar las exigencias de Trump, tampoco está exento de riesgos. Estados Unidos podría endurecer sanciones todavía vigentes, limitar aún más el acceso a mercados financieros y condicionar cualquier canal de cooperación, profundizando la fragilidad económica del país. No obstante, mantener las alianzas con China, Rusia e Irán garantizaría cierto respaldo político y financiero, así como mercados alternativos para el crudo.
En el fondo, la decisión que enfrenta el gobierno de Delcy Rodríguez no es únicamente económica ni diplomática, sino existencial. Se trata de definir si Venezuela opta por una reinserción acelerada en el sistema liderado por Estados Unidos, con beneficios inmediatos pero con pérdida de margen de maniobra, o si persiste en una estrategia de alianzas alternativas que preserve autonomía política a costa de mayor presión y aislamiento. Cualquiera de las dos rutas tendrá consecuencias profundas, no solo para Venezuela, sino para el equilibrio de poder en toda la región.
