El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha vetado una propuesta legislativa que buscaba reducir significativamente las condenas impuestas a los implicados en el intento de golpe de Estado de 2022, entre ellos el expresidente Jair Bolsonaro. Lula firmó el veto al finalizar un acto en el Palacio del Planalto, donde destacó la fortaleza de la democracia brasileña durante estos años y el trabajo del Tribunal Supremo durante el proceso judicial a los golpistas.
La oposición, sin embargo, ha adelantado que revocará el veto. El responsable del texto, el diputado Paulinho da For a, ha asegurado que la decisión de Lula es un "desplante" al Congreso y "reabre las tensiones que habían sido superadas". Varios congresistas más han expresado su malestar por una medida que consideran "cruel" o "vengativa".
Ahora el texto pasa de nuevo al Congreso, donde puede ser revocado si cuenta con el apoyo de 257 de los 513 diputados que conforman la Cámara Baja y 41 de los 81 del Senado. En ese caso, se convertiría en ley, aunque puede ser impugnada por el Gobierno, la Fiscalía, los partidos políticos, o grupos de la sociedad civil.
La iniciativa, que contó con el apoyo de 291 diputados y 48 senadores, prevé rebajas de hasta el 70 por ciento en algunos casos. En lo que atañe a Bolsonaro, que cumple ya de manera efectiva una condena de 27 años de prisión, podría ver cómo los siete años como mínimo en régimen cerrado pasarían a dos años y cuatro meses.
Lula ha destacado que "quienes cometieron crímenes contra la democracia brasileña tendrán que pagar por los actos contra el país". En su discurso, el presidente brasileño ha remarcado que el 8 de enero está marcado en la historia como el día de la victoria de la democracia sobre quienes intentaron tomar el poder por la fuerza.
El mandatario ha subrayado que todas aquellas previsiones pesimistas que se lanzaron tras su vuelta "han sido derrotadas" y ha advertido a la oposición de cara a las elecciones de 2026 que si siguen "apostando por el pesimismo, perderán otra vez".
La tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo se mantiene, con la oposición dispuesta a revertir el veto presidencial y el Gobierno firme en su posición de no aceptar ninguna medida que cuestione la aplicación de las penas a los considerados cabecillas de la trama golpista.
