El reciente decreto de urgencia emitido por el presidente José Jerí, que busca reorganizar a la empresa estatal Petroperú, ha desatado preocupación entre los expertos y la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso. Según los analistas, esta medida podría ser el inicio de un proceso de privatización de la compañía, lo que tendría graves consecuencias para los consumidores peruanos.
La Comisión de Defensa del Consumidor, liderada por la parlamentaria Katy Ugarte, organizó una mesa de trabajo para analizar las implicaciones de esta posible privatización. En ella, participaron representantes de Petroperú y de la Defensoría del Pueblo, pero no contó con la presencia de representantes del Ejecutivo, quienes deberían respaldar el decreto.
Según los expertos que intervinieron en la mesa de trabajo, una privatización de Petroperú conllevaría un aumento en el precio de los combustibles, lo que a su vez impactaría en el encarecimiento de los alimentos de la canasta básica y, por ende, en la inflación general. El secretario general adjunto del Sindicato Nacional de Profesionales de Petroperú, Johnny Villón Macedo, señaló que "la canasta básica familiar va a subir" y que "van a subir los fletes".
Por su parte, el experto Pablo Tello advirtió que, si Petroperú dejara de participar en el mercado, el país podría perder entre US$ 1.000 millones y US$ 1.500 millones anuales. Además, se cuestionó si el Ejecutivo ha realizado una evaluación técnica sobre el perjuicio que esta medida podría tener para los consumidores.
Cabe destacar que, si bien desde el Ejecutivo se ha señalado que no se busca una "privatización", la Defensoría del Pueblo ha solicitado información a la Presidencia del Consejo de Ministros para que justifique el decreto de urgencia sobre Petroperú, sin que hasta la fecha hayan obtenido una respuesta.
En resumen, el decreto de urgencia sobre Petroperú ha generado una gran preocupación entre los expertos y la Comisión de Defensa del Consumidor, quienes temen que esta medida pueda ser el inicio de un proceso de privatización de la empresa estatal, con graves consecuencias para los bolsillos de los peruanos.
