El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que ha gestionado el pago correspondiente al laudo arbitral relacionado con el contrato de concesión que existía para la ejecución del Aeropuerto Internacional de Chinchero en Cusco.
Según el MTC, con esta disposición se ha cumplido toda obligación internacional pendiente legal vinculada al entonces contrato de concesión del aeropuerto. La decisión fue tomada tras un exhaustivo análisis y coordinación interinstitucional entre las direcciones generales y unidades ejecutoras del MTC, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y otras entidades involucradas.
"Honrar las decisiones de tribunales arbitrales internacionales es un pilar fundamental para la credibilidad del Perú en el mundo y un requisito para atraer inversiones de calidad a largo plazo", sostuvo Aldo Pietro, ministro del MTC.
La gestión realizada por el Gobierno permitió, además, alcanzar un acuerdo que evita el pago de los intereses generados por el incumplimiento de pago y la generación de intereses adicionales y procesos de ejecución coactiva, optimizando el uso final de los recursos públicos, agregó Pietro.
El laudo arbitral se remonta a la cancelación del contrato de concesión del Aeropuerto Internacional de Chinchero, proyecto que fue anunciado durante el gobierno de Ollanta Humala y que luego fue suspendido por el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.
La construcción del aeropuerto en Chinchero, en la región Cusco, había sido adjudicada a un consorcio liderado por la empresa Kuntur Wasi. Sin embargo, en 2018 el gobierno de Martín Vizcarra decidió rescindir el contrato, lo que derivó en un proceso arbitral.
Tras varios años de disputas legales, el Gobierno peruano ha optado por cumplir con el laudo arbitral, evitando así mayores costos y daños a la imagen del país en el ámbito internacional.
Este pago representa un importante desembolso para las arcas públicas, pero también una señal de que el Perú está dispuesto a honrar sus compromisos internacionales, incluso cuando implica asumir decisiones difíciles.
La resolución de este caso podría sentar un precedente importante para futuras disputas contractuales y arbitrajes, fortaleciendo la confianza de los inversionistas extranjeros en el país.
