En una decisión trascendental, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México ha confirmado que los acreedores tienen el derecho legal de oponerse a una fusión entre empresas si consideran que pone en riesgo el cobro de sus deudas. Esta resolución, tomada el 7 de enero de 2026, establece que la sola oposición de un acreedor puede suspender los efectos de la operación mientras un juez revisa el caso.
Hasta ahora, las fusiones empresariales en México se habían construido principalmente entre las propias compañías, bancos y despachos corporativos. Sin embargo, este fallo de la SCJN coloca a los acreedores en el centro del tablero, complicando las llamadas "fusiones exprés" que solían realizarse sin mayor obstáculo.
La Corte avaló la constitucionalidad del artículo 224 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el cual permite a los acreedores impugnar una fusión si consideran que pone en riesgo el cobro de sus deudas. Esto, según el máximo tribunal, tiene como objetivo evitar que al desaparecer una empresa por una fusión, se pierdan bienes, se oculten pasivos o se complique el pago a quienes tienen créditos pendientes.
En la práctica, esto significa que las empresas que planeen fusionarse deberán ordenar primero sus pasivos y asegurarse de que los acreedores no tengan objeciones, pues de lo contrario podrían enfrentar una suspensión judicial de la operación. La Corte dejó claro que la libertad empresarial no es absoluta y puede tener límites cuando están en juego los derechos de terceros, como el cobro de deudas.
Este fallo de la SCJN no regula temas de concentración de mercado ni poder económico frente al Estado, sino que se enfoca en proteger los derechos de los acreedores y la seguridad jurídica en el mundo empresarial mexicano. Prácticamente toda gran fusión implica créditos, financiamientos, proveedores o arrendamientos, por lo que ahora las compañías deberán replantear sus estrategias de fusión para evitar ser bloqueadas por sus acreedores.
