Tres semanas después de los violentos enfrentamientos en Sololá que dejaron al menos 13 muertos, la situación sigue sin esclarecerse por completo. El Gobierno señaló la intervención de grupos del crimen organizado, mientras que los vecinos de Nahualá acusaron al Ejército de ataques aéreos. Las fuerzas de seguridad, por su parte, denunciaron haber sido sometidas y amenazadas.
La disputa territorial que suma décadas entre los municipios de Santa Catarina Ixtahuacán y Nahualá parece haberse agravado con la presencia de estructuras criminales que buscan controlar la zona para actividades ilícitas como extorsión y narcotráfico.
Ante la escalada de violencia, el Gobierno decretó el Estado de Prevención el 14 de diciembre, una medida que fue prorrogada por 15 días más el 30 de diciembre. Sin embargo, los resultados de los operativos han sido cuestionados por analistas y exfiscales, quienes señalan que no se han registrado capturas ni decomisos significativos.
Marisol Son, exfiscal del Ministerio Público, considera que el Ejército y la Policía Nacional Civil deben trabajar de manera coordinada con el MP para realizar allanamientos y detenciones en flagrancia. Según ella, las estructuras criminales operan en la zona, por lo que deberían haberse obtenido resultados concretos.
Por su parte, el exfiscal Alan Ajiatas cuestiona que las acciones del Gobierno se hayan limitado a la presencia en carreteras y operativos de identificación, sin evidenciar un mayor despliegue en las comunidades. Ajiatas señala que estas medidas podrían llevarse a cabo sin necesidad de decretar un estado de emergencia.
Ante la falta de resultados, los analistas coinciden en que el Gobierno debe evaluar la efectividad del Estado de Prevención y replantearse la estrategia para garantizar la seguridad en Sololá, donde el conflicto territorial parece haberse convertido en un escenario propicio para la expansión del crimen organizado.
