La corrupción se ha convertido en un problema sistémico en Ecuador, configurando un Estado fallido que preocupa profundamente a la ciudadanía. Según un análisis exhaustivo, los mecanismos de pesos y contrapesos que deberían garantizar la independencia de poderes y la sana administración del país se han visto gravemente erosionados.
La Asamblea Nacional, que debería fungir como el guardián de la pulcritud democrática, se ha convertido en un "títere" sometido a las directrices del Ejecutivo. Esto ha permitido que se den a conocer una serie de casos que involucran serias irregularidades, como el Consejo de la Judicatura, Progen, Austral, HealthBird y Galamedios, entre otros.
Estos casos, que evidencian corrupción, peculado y falta de transparencia, no han generado las debidas responsabilidades políticas, civiles o penales. Los órganos de control e investigación parecen estar "congelados" con un "silencio ensordecedor", lo que ha contribuido a la impunidad y al fortalecimiento de la corrupción sistémica.
Según el experto Gabriel Mario Santos Villareal, un Estado fallido se caracteriza por "ineficacia, corrupción extrema, burocracia impenetrable, ineficacia judicial y grupos de poder fácticos que imponen sus decisiones sobre la aplicación de la ley y el interés general". Lamentablemente, estas características parecen encajar cada vez más con la realidad ecuatoriana.
La ciudadanía se encuentra profundamente desmoralizada ante este panorama, en el que los abusos y la corrupción parecen reinar sin que haya consecuencias para los responsables. Urge una intervención enérgica y efectiva de las instituciones encargadas de la fiscalización y el control, para recuperar la confianza de la población y reconstruir un Estado de Derecho sólido y funcional.
