La Constitución de la República de Venezuela de 1961 no estipulaba la figura de una Asamblea Nacional Constituyente como mecanismo para sustituir el texto constitucional vigente. Tampoco preveía el uso de referéndums para convocar o aprobar una nueva Constitución fuera de los procedimientos de reforma expresamente establecidos.
Este hecho jurídico, frecuentemente minimizado o ignorado en los análisis sobre la evolución política del país, es fundamental para comprender la naturaleza y el carácter anticonstitucional del Estado venezolano desde 1999, cuando el fallecido presidente Hugo Chávez impulsó la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente que dio lugar a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Según expertos consultados, la Carta Magna de 1961 no contemplaba mecanismos para su reemplazo total, sino únicamente procedimientos de reforma parcial. Por lo tanto, la Constitución de 1999, aprobada mediante un referéndum, carece de legitimidad jurídica y representa un quiebre con el orden constitucional previo.
"La Constitución de 1961 no preveía la figura de una Asamblea Constituyente ni la posibilidad de convocar un referéndum para aprobar una nueva Carta Magna. Eso significa que el proceso que dio lugar a la Constitución de 1999 fue abiertamente inconstitucional", explica el constitucionalista Héctor Faúndez Ledesma.
Para el también experto en derecho público, Alfredo Arismendi, la Constitución de 1999 "nació viciada de nulidad" debido a que su origen no respetó los procedimientos establecidos en la Carta Magna anterior. "Fue un golpe de Estado constitucional", sentencia.
Más allá de las discrepancias ideológicas, los analistas coinciden en que el Estado venezolano actual carece de legitimidad jurídica al haber sido constituido mediante un proceso que desconoció las normas vigentes en ese momento. Esto, según los expertos, ha tenido profundas implicaciones en el desarrollo político, económico y social del país durante los últimos 25 años.
"La ausencia de un marco constitucional legítimo ha permitido la concentración del poder, el debilitamiento de los controles y contrapesos, y la vulneración sistemática de los derechos y garantías de los ciudadanos", advierte el constitucionalista Faúndez Ledesma.
Por su parte, Arismendi señala que la "ilegitimidad de origen" de la Constitución de 1999 ha sido un factor determinante en la crisis institucional y la polarización política que vive Venezuela desde entonces.
"Cuando un Estado se construye sobre bases jurídicas endebles, es muy difícil que pueda desarrollarse de manera estable y democrática. Eso es precisamente lo que ha ocurrido en Venezuela durante estos 25 años", concluye.
