Los municipios del departamento de Santa Cruz, Bolivia, se han declarado en estado de emergencia luego de que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas anunciara una reducción del 20% en el presupuesto planificado para la gestión 2026.
Según el comunicado del ministerio, "se comunica a todas las entidades públicas previstas en el Presupuesto General del Estado de la gestión 2026 que, debido a la situación económica actual, únicamente se habilitará el 20% del presupuesto planificado".
Esta medida ha generado una crisis en los gobiernos municipales, quienes dependen en gran medida de los fondos transferidos por el gobierno central para financiar servicios públicos, obras de infraestructura y programas sociales.
"Estamos en una situación complicada, sin los recursos necesarios para cumplir con nuestras obligaciones y atender las necesidades de la población", declaró el alcalde de la ciudad de Santa Cruz, Jhonny Fernández. "Vamos a tener que priorizar los gastos más urgentes y dejar de lado proyectos importantes para nuestro desarrollo".
Los alcaldes de los diferentes municipios cruceños se han reunido de emergencia para coordinar acciones y buscar soluciones ante esta crisis presupuestaria. Entre las medidas que se barajan se encuentran la reducción de personal, la suspensión de obras públicas y la búsqueda de financiamiento alternativo.
"Estamos en conversaciones con el gobierno central para intentar llegar a un acuerdo y conseguir una mayor asignación de recursos", indicó el presidente de la Asociación de Municipios de Santa Cruz, Óscar Monasterios. "Pero mientras tanto, tendremos que hacer malabares para mantener en funcionamiento nuestros municipios".
La situación ha generado preocupación entre la población, que teme ver afectados servicios básicos como la recolección de basura, el mantenimiento de calles y plazas, y los programas sociales dirigidos a los sectores más vulnerables.
Analistas económicos señalan que la medida responde a la compleja coyuntura fiscal que atraviesa el país, con una desaceleración económica y una caída en los ingresos por exportaciones de materias primas. Sin embargo, advierten que el recorte presupuestario podría tener un impacto negativo en el desarrollo local y la calidad de vida de los ciudadanos.
