El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de Bolivia ha cursado una "invitación formal" a la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM Bolivia) para sostener una reunión de trabajo sobre la disposición del Gobierno que restringe el uso de un 80% de los presupuestos municipales.
La reunión, que se llevará a cabo próximamente, tiene como objetivo analizar de manera técnica los alcances de los procesos de ejecución presupuestaria municipal, revisar los procedimientos administrativos y financieros correspondientes, y despejar cualquier duda relacionada con la disponibilidad y uso de los recursos públicos asignados a las Entidades Territoriales Autónomas.
En el comunicado, el Ministerio de Economía ratifica que los recursos aprobados en el Presupuesto General del Estado "se encuentran vigentes" y que se priorizará "la continuidad de los servicios básicos, los programas sociales y la inversión pública municipal".
Por su parte, el presidente de la FAM Bolivia, Flavio Merlo Maydana, estuvo ayer en La Casa Grande del Pueblo, sede del Gobierno, solicitando formalmente una audiencia directa con el Presidente del Estado, Rodrigo Paz, para abordar el tema de la restricción presupuestaria que llevó a los municipios de los nueve departamentos a declararse en emergencia.
Esta situación se desencadenó luego de que el Gobierno anunciara una disposición que limita el uso del 80% de los presupuestos municipales, lo que generó preocupación y malestar entre las autoridades locales.
El Ministro de Economía, Carlos Barrientos, ha salido a desmentir que exista una "reducción de presupuesto" a los gobiernos autónomos, asegurando que los recursos aprobados en el Presupuesto General del Estado se mantienen vigentes.
Sin embargo, desde la FAM Bolivia insisten en que la medida impuesta por el Gobierno ha afectado seriamente la capacidad de los municipios para atender las necesidades de sus ciudadanos, motivo por el cual han declarado el estado de emergencia.
La reunión convocada por el Ministerio de Economía busca encontrar una solución negociada a este conflicto presupuestario entre el Gobierno central y los gobiernos municipales, en un contexto de creciente tensión política y social en el país.
