La búsqueda de justicia para Melisa Palacios tiene un nuevo escenario después del cambio de estrategia de la defensa de Fernanda Bonilla, encabezada por el abogado Saúl Zenteno. La defensa busca excluir las pruebas obtenidas del teléfono celular de la acusada, argumentando que fueron obtenidas de manera ilegal debido a supuestas inconsistencias en los plazos y fechas establecidos por el juez.
Según el abogado Juan Carlos Aquil, representante del Instituto de la Víctima, este argumento no invalida las pruebas, ya que el Ministerio Público (MP) actuó conforme a la ley y contó con la autorización judicial correspondiente para el vaciado y análisis del dispositivo. Aquil explica que el juez estableció un plazo de tres días para que el MP realizara los requerimientos de información, no para que las instituciones entregaran los informes finales.
En esa línea, el MP cumplió con solicitar la información dentro del tiempo fijado, pero la entrega de los análisis dependía de entidades externas como las empresas telefónicas y el Inacif, cuyos procesos técnicos suelen tardar más. "El retraso en la entrega de informes no convierte la prueba en ilegal", afirmó Aquil, al señalar que, en todo caso, podría derivar en una responsabilidad administrativa, pero no en la nulidad de la evidencia.
La defensa de Bonilla también cuestiona la validez de un audio clave, argumentando que no se puede confirmar que la voz sea de la acusada. Sin embargo, Aquil aclara que el perito indicó únicamente que la calidad del audio no permitía un peritaje de voz, no que la voz no fuera de Bonilla. Además, existen otros elementos probatorios, como testigos, registros de llamadas, ubicación por celdas telefónicas y cámaras, que no dependen exclusivamente del vaciado del teléfono.
En relación con la ausencia de ADN de Fernanda Bonilla en el cuerpo de la víctima, el abogado del Instituto de la Víctima afirmó que este elemento no resulta determinante para descartar su participación en el crimen. Según Aquil, debido a las circunstancias del ataque, no se encontraron células bajo las uñas de la víctima, ya que no hubo forcejeo.
La jueza, Carol Berganza, determinó que la legalidad o ilegalidad de las pruebas no puede resolverse en esta etapa procesal, sino durante el debate oral y público, donde el tribunal de sentencia escuchará a ambas partes y decidirá si las pruebas se admiten o se excluyen. Para Aquil, esta decisión fue correcta, ya que corresponde al tribunal valorar el alcance probatorio de los informes técnicos y su apego a la ley.
La defensa de Bonilla presentó un recurso contra la decisión de la jueza, el cual aún está pendiente de resolución, mientras el proceso sigue a la espera de que se fije fecha para el debate, en un caso que la familia de Melisa Palacios ha enfrentado durante cuatro años en su búsqueda de justicia.
