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Colegio de Abogados de Lima exige garantías para preservar investigaciones anticorrupción

Colegio de Abogados de Lima exige garantías para preservar investigaciones anticorrupción

Luego de que el Fiscal de la Nación interino, Tomás Aladino Gálvez, decidiera desactivar los equipos especiales de fiscales Lava Jato, Cuellos Blancos, Eficcop y Eficavip, el Colegio de Abogados de Lima (CAL) se ha pronunciado en favor de las investigaciones y ha exigido garantías constitucionales para preservar los casos.

En un comunicado publicado en su página web, el CAL señaló que "la lucha contra la corrupción y el crimen organizado constituye una política de Estado que debe trascender a cualquier gobierno de turno". En ese sentido, la institución exhortó al Ministerio Público a resguardar la continuidad de las indagaciones de los casos como Cuellos Blancos del Puerto y Lava Jato, además de otros procesos de alto impacto, como el Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales.

"La especialización alcanzada por estos equipos no es una concesión política, sino un activo institucional necesario para el correcto ejercicio de la acción penal", dice el comunicado del CAL.

Cabe recordar que con la disolución de los equipos especiales de fiscales, Tomás Aladino Gálvez también separó de todos sus casos a cargo al fiscal José Domingo Pérez, principal investigador del caso Odebrecht, y a Rafael Vela Barba como coordinador de Lava Jato.

Una de las demandas de la institución de los letrados es que la Junta de Fiscales Supremos emita un pronunciamiento técnico que esclarezca con certeza el reordenamiento institucional, con el fin de buscar una optimización para el órgano de justicia.

"Las decisiones de la alta dirección fiscal deben estar estrictamente fundamentadas en criterios de optimización y no en interpretaciones de carácter discrecional que puedan percibirse como un retroceso", critica el CAL.

El Colegio de Abogados de Lima ha exigido garantías constitucionales para preservar las investigaciones anticorrupción, consideradas como una política de Estado que debe trascender a cualquier gobierno. La institución ha cuestionado la disolución de los equipos especiales de fiscales y ha pedido que se esclarezca el reordenamiento institucional del Ministerio Público.

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