La crisis alimentaria en Venezuela se mantiene como un problema estructural en la última década, con altos niveles de inseguridad alimentaria que afectan a millones de personas. Según diversas fuentes, aproximadamente el 15% de la población (unos 4 millones de individuos) necesita asistencia alimentaria urgente, mientras que alrededor del 40% experimenta inseguridad alimentaria moderada o severa.
El deterioro del poder adquisitivo de los venezolanos es uno de los principales motores de esta crisis. La inflación, que alcanzó más del 100% durante 2024-2025, ha erosionado significativamente el poder de compra de los hogares. El Fondo Monetario Internacional proyecta que la inflación llegará al 682% en 2026, mientras que el salario mínimo nominal se mantiene congelado en 43 centavos de dólar desde 2022.
Esto ha llevado a que incluso quienes tienen empleo tengan que ajustar su alimentación a lo mínimo, reduciendo el consumo de proteínas, frutas y verduras, y priorizando carbohidratos baratos. Además, la dependencia de importaciones y la vulnerabilidad de la producción local agravan la situación.
La inseguridad alimentaria ha dejado huellas en la población, especialmente en los más pequeños. Según Cáritas Venezuela, entre 8 y 10 de cada 100 niños evaluados sufren desnutrición aguda severa con riesgo de muerte, mientras que la desnutrición crónica ha crecido del 18% en 2016 al 30% actualmente. Más del 40% de las embarazadas presentan déficit nutricional agudo y un 24% de las mujeres en edad reproductiva padecen anemia.
Las estrategias de supervivencia de las familias incluyen la liquidación de ahorros, el endeudamiento para comer y la venta de bienes personales. Además, la crisis alimentaria afecta de manera desigual a los diferentes territorios, siendo las zonas rurales, periféricas y fronterizas las más vulnerables.
Ante esta situación, los expertos advierten que sin una estabilidad macroeconómica y un financiamiento humanitario suficiente, la crisis alimentaria en Venezuela puede empeorar rápidamente. Es crucial que se tomen medidas para proteger y salvaguardar a la población venezolana.
