La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) exigió este miércoles a las autoridades de Venezuela que aclaren el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre el supuesto cierre de una "cámara de torturas" en Caracas. La organización aseguró que este hecho está incrementando la "ansiedad, la incertidumbre y las expectativas" de los familiares de presos políticos en el país.
En una publicación en la red social X, la ONG Clipp reclamó "información oficial y pública" para esclarecer lo que ocurre, según presume, en El Helicoide, la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). La organización exigió "transparencia, respeto a la vida y a la integridad, libertad inmediata para todas las personas detenidas por motivos políticos, sin ningún tipo de discriminación, y que no se produzcan traslados arbitrarios de presos políticos a nuevos centros de reclusión".
Durante un discurso ofrecido el martes en un encuentro con congresistas republicanos en Washington, el mandatario estadounidense, Donald Trump, afirmó que las autoridades de Caracas estaban cerrando un centro de "torturas" en la capital venezolana. "Tienen una cámara de tortura en el centro de Caracas que ahora está siendo clausurada", dijo Trump, sin precisar a qué se refería.
Varias ONG consideraron que Trump se refería al Helicoide, que ha sido señalado como centro de "torturas" y se encuentra en la capital venezolana. Por su parte, Clipp también indicó que no ha sido notificado de "ninguna liberación" de detenidos.
La organización Foro Penal, que dirige la defensa de presos políticos, contabiliza 863 casos en el país, 86 de ellos con otra nacionalidad. En los días de Navidad y Año Nuevo, las autoridades venezolanas anunciaron la excarcelación -con medidas cautelares- de 99 y 88 presos políticos, respectivamente, pero ONG locales aseguran que no han podido verificar todos los casos.
El Gobierno venezolano ha asegurado que el país está "libre de presos políticos" y que los señalados como tal están encarcelados por la "comisión de terribles hechos punibles". Sin embargo, esta posición no ha sido cambiada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, juramentada por orden del Tribunal Supremo de Justicia tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por fuerzas estadounidenses durante los ataques militares en Caracas.
