La República Dominicana enfrenta una grave crisis de violencia de género, con al menos 93 niños y adolescentes que quedaron huérfanos en 2022 como consecuencia de 59 feminicidios íntimos, cometidos por parejas o exparejas. Esta alarmante realidad evidencia una deuda urgente del Estado dominicano en materia de protección integral, advirtió la presidenta de la Fundación Vida Sin Violencia, Yanira Fondeur.
Durante una conferencia de prensa, Fondeur detalló que los feminicidios se ejecutaron de forma cada vez más despiadada, incluyendo violencia vicaria con el asesinato de hijos e incluso suegras. Más allá de las cifras, se trata de graves violaciones a los derechos humanos de mujeres que vivieron largos procesos de violencia antes de ser asesinadas.
De los 59 feminicidios, 44 ocurrieron dentro de las viviendas de las víctimas, confirmando que el hogar continúa siendo el espacio más peligroso para las mujeres que deciden separarse de relaciones violentas. Además, 32 de las víctimas tenían menos de 35 años, y 5 eran menores de edad.
Las provincias con mayor incidencia fueron Santo Domingo (13 casos), Santiago (8) y San Cristóbal (7), mientras que julio fue el mes con mayor número de hechos violentos. Los agresores emplearon en igual proporción armas de fuego y armas blancas (21 casos cada una), además de golpes y quemaduras.
Un dato aún más alarmante es que en 11 feminicidios, los agresores eran miembros activos o retirados de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas, quienes utilizaron armas de reglamento.
Fondeur reconoció que las estadísticas reflejan una disminución de un 17% respecto a los 71 feminicidios registrados en 2021, pero advirtió que esto no debe interpretarse como una solución, ya que se produjeron múltiples intentos de feminicidio que no se consumaron.
La presidenta de la Fundación Vida Sin Violencia urgió al Estado dominicano a fortalecer las políticas públicas mediante la optimización del sistema institucional de registro de feminicidios, la educación en convivencia pacífica desde la infancia, una justicia oportuna, firme y sin impunidad, y la creación de un Protocolo Nacional de Alto Riesgo Feminicida para mujeres en proceso de separación.
