En una investigación que revela irregularidades en la venta de 93 hectáreas de terreno público en el cantón La Libertad, provincia de Santa Elena, una joven de 24 años acusó que su identidad fue suplantada en la transacción de USD 2,7 millones.
Jenny Ramírez, quien hasta hace poco trabajaba en una cafetería cercana al municipio, afirmó que le robaron los documentos y que ella no es la compradora del terreno ubicado en el sector Velasco Ibarra. La venta, aprobada el 18 de diciembre de 2025, ha sido cuestionada por el precio fijado, que está por debajo del valor de mercado.
El alcalde Francisco Tamariz había asegurado haber mantenido diálogos directos con la "compradora" para evaluar el proyecto agroturístico presentado. Sin embargo, la supuesta proponente nunca se presentó ante el Concejo Cantonal, a diferencia de otros procesos de menor escala.
Ante la revelación de la suplantación de identidad, el concejal Bruno Dedé planteó un nuevo interrogante clave: "¿Con quién se reunió el alcalde Tamariz?". Recordó que el funcionario afirmó públicamente haber conversado y recibido a la proponente, e incluso nombró a funcionarios que participaron en reuniones.
Dedé enfatizó las sospechas iniciales: la compradora aparente no tiene RUC, no pertenece al régimen RIMPE, no registra movimientos bancarios significativos ni afiliación al IESS, y no se conoce su actividad económica.
El concejal planea presentar una denuncia formal en la Fiscalía la próxima semana, enfocada en el avalúo subvalorado y las responsabilidades del alcalde como representante legal. Su objetivo principal es lograr transparencia y que el terreno regrese al patrimonio municipal.
"No me opongo a la inversión privada, pero este terreno pertenece a la ciudad, no al alcalde de turno ni a la mayoría de los concejales", concluyó Dedé.
La Superintendencia de Ordenamiento Territorial también inició una investigación de oficio sobre este caso, que genera nuevas interrogantes sobre la transparencia de las transacciones de bienes públicos en el cantón.
