El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia, Rómer Saucedo, afirmó este jueves que se solicitó de manera inmediata el expediente judicial que derivó en la liberación en Bolivia de Clodoaldo Figueroa Saume, alias 'Tío Vago', uno de los narcotraficantes más buscados del Perú y requerido por al menos seis países.
Según la información recabada, 'Tío Vago' fue detenido en Bolivia en 2019 y estaba recluido en el penal de Palmasola, imputado por la Fiscalía como uno de los principales responsables del secuestro del empresario Erick Roberto Baeza Achá. Sin embargo, el pasado 6 de enero fue puesto en libertad por orden del juez Juan José Quiroz, quien dispuso la cesación de su detención preventiva.
Las autoridades bolivianas expresaron su sorpresa ante la liberación de este peligroso narcotraficante, dado su extenso historial delictivo y vínculos con el tráfico internacional de drogas y la organización subversiva peruana Sendero Luminoso. Según informes, Figueroa Saume integraba una red criminal transnacional dedicada al traslado de cocaína desde Perú hasta Argentina, Brasil, Chile y Paraguay.
Tras su captura en 2019, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) de Bolivia calificó su aprehensión como un duro golpe al narcotráfico sudamericano. Sin embargo, su reciente liberación ha generado preocupación y cuestionamientos sobre los motivos que llevaron a esta decisión judicial.
El Tribunal Supremo de Justicia anunció que revisará el expediente del caso para determinar las responsabilidades y tomar las acciones correspondientes. Por su parte, la Policía y la Fiscalía boliviana prometieron brindar más detalles sobre este controvertido caso en las próximas horas.
La liberación de 'Tío Vago' ha puesto en evidencia las dificultades que enfrentan los países de la región en la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, donde figuras de alto perfil logran evadir la justicia a través de maniobras legales. Esto representa un desafío para las autoridades y la sociedad en su conjunto, que exigen respuestas contundentes para garantizar la seguridad y el Estado de derecho.
