A un mes de asumir el cargo como Fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos ha llevado a cabo una amplia renovación en la cúpula de la Fiscalía General de la República (FGR), nombrando a nuevos titulares en diversas fiscalías especializadas y órganos internos de la institución.
En un comunicado, la FGR informó que Godoy realizó 11 nuevos nombramientos, que se suman a dos efectuados cuando aún se desempeñaba como encargada del despacho, cargo al que llegó tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero.
Entre los principales cambios, destaca la designación de Maribel Bojorges Beltrán como fiscal especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas (FEVIMTRA); Richard Urbina Vega, como titular de la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos; y Ulises Lara López, al frente de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes.
Asimismo, Mariana Díaz Figueroa quedó a cargo de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH), Raúl Armando Jiménez Vázquez fue designado titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC), y David Boone de la Garza asumió la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR).
En otros nombramientos, Oliver Ariel Pilares Viloria fue designado titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero, mientras que Laura Ángeles Gómez fue nombrada Oficial Mayor de la FGR.
Cabe señalar que, previo a estos cambios, Godoy había designado a Héctor Elizalde Mora al frente de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), y a César Oliveros Aparicio como encargado de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).
Estos nombramientos se dan en el marco de la transición de la Procuraduría General de la República (PGR) a la Fiscalía General de la República, tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República en 2019.
La renovación de la cúpula de la FGR bajo el liderazgo de Ernestina Godoy Ramos busca fortalecer la capacidad de investigación y persecución de delitos en diversas áreas prioritarias, como la violencia de género, los derechos humanos y la delincuencia organizada, entre otros.
