La libertad de opinión es un derecho fundamental en las sociedades democráticas, pero no es absoluto. Los periodistas se enfrentan a un dilema ético cuando deben proteger el anonimato de sus fuentes, especialmente cuando estas podrían estar motivadas por intereses espurios y difundir desinformación.
La polarización política extrema que vive Brasil ha generado un ambiente altamente reprobable y peligroso, donde cada bando acusa al otro de ser la "expresión máxima de la degeneración". En este contexto, el secreto profesional de los periodistas se vuelve aún más delicado.
Por un lado, el sigilo de las fuentes es un derecho clave para que los periodistas puedan acceder a información relevante que de otra forma permanecería oculta. Pero por otro, si esas fuentes tienen malas intenciones y buscan desinformar, los periodistas se vuelven cómplices involuntarios de la propagación de mentiras y calumnias.
"Antes de ampararse en el derecho al secreto de sus fuentes, los periodistas deben tener plena conciencia de las reales intenciones de estas", señala el texto. Pues si las fuentes fueron "previamente encargadas", es decir, si responden a intereses espuriosos, "no es raro que se presten para desinformar y provocar discordias".
La libertad de opinión no otorga el derecho a denigrar la imagen de personas inocentes. Sin embargo, en las redes sociales proliferan "las más escandalosas infamias, a menudo con apariencia de verdad". Esto ha llevado a una radicalización política que pone en riesgo a la propia democracia.
Los periodistas se enfrentan a un delicado equilibrio entre proteger sus fuentes y evitar ser utilizados para difundir desinformación. Un desafío ético que se vuelve aún más complejo en un entorno político tan polarizado como el actual de Brasil.
