El caso de la filtración de identidades de testigos protegidos en un juicio por homicidio en Gracias, Lempira, Honduras, ha sacudido los cimientos del sistema de justicia del país. Según la Fiscalía, un abogado con acceso legal al expediente fiscal reveló información reservada a personas vinculadas con los acusados, lo que desencadenó en amenazas, intimidaciones y la posterior ausencia de testigos en una audiencia clave.
El juicio se originó por el asesinato de José Antonio Díaz Núñez, ocurrido el 20 de diciembre de 2025 en el barrio El Censo. Por estos hechos fueron procesados Marvin Ulises Díaz Alfaro, Rodanin Esaú Díaz Alfaro y Ever Domingo Perdomo Díaz. Los testigos protegidos eran piezas clave para sostener la acusación.
La Fiscalía Regional de Occidente presentó requerimiento fiscal contra el abogado Carlos Alberto Carranza Ramos, acusándolo del delito de revelación de la identidad de testigo protegido en perjuicio de la administración de justicia. Según la investigación, Carranza Ramos, en su condición de apoderado legal de los imputados, tuvo acceso al expediente fiscal y utilizó esa información para divulgar las identidades de los testigos protegidos a familiares de los acusados.
Las consecuencias de esta filtración fueron inmediatas. La audiencia de prueba anticipada, programada para el 24 de diciembre, no se celebró porque los testigos protegidos no se presentaron a declarar, lo que constituyó una obstrucción grave a la investigación penal. Tras las diligencias, el fiscal de turno ordenó la captura del abogado señalado.
El 25 de diciembre se celebró la audiencia de declaración de imputado, en la que la Fiscalía solicitó detención judicial, argumentando peligro de obstrucción y la existencia de otro auto de formal procesamiento contra el imputado por un delito distinto. Sin embargo, el juez competente no accedió a esa petición y dictó como medida cautelar el arresto domiciliario en la vivienda del abogado Carranza Ramos.
El caso entra ahora en una fase decisiva, con la audiencia inicial programada para el 7 de enero, en la que el Ministerio Público solicitará auto de formal procesamiento. Más allá del nombre del imputado, el expediente deja una advertencia clara: cuando la confidencialidad se rompe, la justicia se vuelve frágil. En contextos donde declarar implica exponerse al miedo y a la presión, la protección de testigos protegidos no es un detalle técnico, sino el pilar que sostiene la verdad en los tribunales. Sin ese resguardo, los juicios se vacían de voces y la justicia pierde su fuerza.
