En un caso estremecedor que sacude a la comunidad de Almería, España, la Audiencia Provincial ha condenado a 11 años de prisión a un hombre por un delito continuado de agresión sexual contra la hija menor de su entonces pareja sentimental. Los hechos, que se remontan al 2011, ocurrieron cuando la víctima tenía entre siete y ocho años de edad.
Según la sentencia, el condenado, de origen ecuatoriano, aprovechaba las ausencias por motivos laborales de su pareja y madre de la menor para cometer los abusos sexuales, con el objetivo de "satisfacer su libido". La víctima, en una posición de "manifiesta desventaja" por su corta edad y el contexto de convivencia, mantuvo silencio durante años, ya que el acusado le había advertido que no contara nada a su madre.
Fue hasta 2020, cuando la víctima ya residía en otra ciudad, que reveló los hechos sufridos y se presentó la correspondiente denuncia. La Audiencia Provincial consideró que el testimonio de la menor es "firme y sólido", y que los abusos le han provocado un importante impacto psicológico.
Además de la condena de prisión, al acusado se le ha impuesto la prohibición de aproximarse a la víctima y de comunicarse con ella por cualquier medio durante 20 años. Asimismo, se le ha decretado seis años de inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento, y 20 años de inhabilitación para cualquier profesión u oficio que implique contacto habitual y directo con menores.
Tras el cumplimiento de la condena, el tribunal ha establecido una medida de libertad vigilada de 10 años y una indemnización a la víctima de 60.000 euros por los daños morales ocasionados.
Este caso se suma a otro sucedido en Sevilla, donde un hombre ha sido condenado a cuatro años de prisión por un delito continuado de agresión sexual a la hija de una prima de su mujer, a quien realizaba tocamientos cuando se quedaban a solas. En este caso, la víctima tenía entre ocho y diez años en el momento de los hechos.
Estos casos ponen de manifiesto la urgente necesidad de reforzar los mecanismos de protección de los menores y de endurecer las penas para quienes cometen este tipo de delitos aberrantes.
