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Desalojo y demolición de viviendas en Magallanes por obras viales generan polémica

Desalojo y demolición de viviendas en Magallanes por obras viales generan polémica

El desalojo y demolición de las viviendas de seis familias al final del barrio 18 de Septiembre en Magallanes, como paso inicial para la extensión de la calle Miraflores y su conexión con Abate Molina, ha generado una fuerte polémica en la región. Si bien el proyecto es considerado un avance histórico para la conectividad del sector, la jornada estuvo marcada por la situación de vulnerabilidad en la que quedaron los ocupantes, dentro de ellos 5 niños y una adulta mayor.

Según informó el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) de Magallanes, los ocupantes habían sido notificados de su situación irregular desde el año pasado. En noviembre, Carabineros realizó la notificación formal de desalojo y, el pasado viernes, se les comunicó que la medida se haría efectiva este lunes 5 de enero.

Aunque se evaluó prestar ayuda social, los ocupantes no calificaban para los beneficios estatales. La dirigenta vecinal, Luisa Quezada, presidenta de la junta de vecinos Mateo de Toro y Zambrano, señaló que si bien se les ofreció apoyo para costear meses de arriendo, los beneficiarios no acudieron a firmar la documentación necesaria. No obstante, Quezada cuestionó la rigidez del operativo, apelando a que, pese a la irregularidad, se trata de seres humanos.

El proyecto específico para la calle Miraflores cuenta con una inversión de 1.479 millones de pesos, financiados a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). Las obras consideran una extensión de 320 metros lineales en el tramo comprendido entre calle Arturo Prat y calle Márquez de la Plata, con una calzada de 7 metros de ancho y aceras de 2 metros.

Esta obra forma parte de un paquete de proyectos presentados por la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda y Urbanismo, que incluye también la calle El Ovejero, sumando una inversión total aprobada por el Consejo Regional de 3.892 millones de pesos. El seremi Marco Uribe Saldivia destacó que estos trabajos se alinean con el Plan de Ciudades Justas, buscando otorgar una mejor calidad de vida a los habitantes. Se estima que el plazo de ejecución de las obras sea de 12 meses.

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