Un Tribunal de Guayas dictó una sentencia condenatoria de 13 años de prisión para los exalcaldes del cantón Durán, Dalton Narváez y Alexandra Arce, por el delito de peculado. El fallo, emitido el 6 de enero de 2026, está relacionado con contratos de agua potable para la localidad, con un presunto perjuicio al Estado por un valor de $40 millones.
Además de la pena privativa de libertad, la sentencia incluye la inhabilitación de ambos exfuncionarios para ocupar cargos públicos de manera permanente. La decisión también afecta a otros diez procesados, entre ellos nueve exfuncionarios del Municipio de Durán y un contratista, quienes recibieron la misma pena de 13 años de prisión.
Dalton Narváez, quien fue elegido como alcalde de Durán por la alianza PSC-Madera de Guerrero, había sido extraditado desde Colombia en enero de 2025. Narváez había permanecido detenido en territorio colombiano antes de ser entregado a las autoridades ecuatorianas, quienes lo acusaron de formar parte de una red de corrupción en la administración municipal.
Por su parte, Alexandra Arce, quien también fue asambleísta por el movimiento Revolución Ciudadana, enfrentó cargos similares. Arce, quien desempeñó el cargo de alcaldesa de Durán, se vio involucrada en el mismo escándalo de peculado relacionado con contratos de agua potable en el cantón.
La sentencia no solo implica prisión, sino también la inhabilitación perpetua para ambos exalcaldes y los otros procesados, lo que significa que no podrán ocupar cargos públicos en el futuro.
Este caso pone de manifiesto la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública, especialmente en lo que respecta a la contratación de servicios básicos como el agua. La condena a los exalcaldes y otros funcionarios involucrados envía un mensaje claro de que la corrupción no será tolerada y que los responsables serán llevados ante la justicia.
Es crucial que las autoridades competentes continúen investigando y procesando a cualquier individuo o red que se aproveche indebidamente de los recursos públicos, a fin de recuperar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones y garantizar una administración eficiente y transparente.
