La Secretaría de Salud enfrenta importantes desafíos en la megalicitación de medicamentos y dispositivos médicos por un valor estimado de casi 486 mil millones de pesos para los años 2027-2028. Según un análisis del Instituto Farmacéutico México (Inefam), las empresas participantes deberán formar garantías del 30% del contrato que ganen y costear la entrega en 300 diferentes puntos de acopio, lo que representa un riesgo significativo dado que el gobierno aún adeuda 14 mil millones de pesos del finado Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).
Además, el informe destaca que no siempre se aceptan en una primera vuelta las entregas de los proveedores, usualmente por cuestiones burocráticas y carencia de homologación de procedimientos digitales entre las distintas instituciones de salud pública. Esto implica que los proveedores deben asumir un doble o triple costo logístico por "las vueltas" hacia los almacenes y penalizaciones de hasta 10% por incumplimientos parciales.
La consulta pública sobre esta megalicitación concluye el próximo 16 de enero, y existe incertidumbre sobre si la "Megafarmaciotototota del Bienestar" de AMLO tendrá alguna funcionalidad para el acopio de las 5 mil 964.3 millones de piezas planeadas adquirir en 3 mil 831 claves médicas.
Adicionalmente, el cambio en la dirección de la Comisión Federal de Prevención Riesgos Sanitarios (Cofepris), con la salida de Armida Zúñiga y la llegada de Víctor Hugo Borja, amigo de los hijos de AMLO, genera preocupación sobre si se podrá mantener la experiencia acumulada en la autorización de registros sanitarios, o si se abrirá la puerta a nuevos equipos que busquen beneficiarse de esta megacompra.
