La reforma del Ministerio Público en Perú constituye una tarea pendiente desde hace años, pero las decisiones actuales sobre su reestructuración tienen un impacto directo en la capacidad del Estado para perseguir delitos complejos y garantizar la aplicación equitativa de la ley. La obsolescencia de la Ley Orgánica del Ministerio Público, vigente desde 1981, y la necesidad de adecuarla al Nuevo Código Procesal Penal son factores que explican parte de las tensiones actuales.
Bajo este contexto, las decisiones del titular interino de la Fiscalía de la Nación, Tomas Aladino Galvez, para reorganizar los equipos especiales encargados de investigar casos emblemáticos como Lava Jato, Los Cuellos Blancos del Puerto y la Corrupción en el Poder, han generado preocupación. Si bien se ha propuesto integrar las carpetas fiscales a los subsistemas especializados, esto no parece ser suficiente para disipar las inquietudes institucionales de fondo.
Los equipos especiales surgieron como una respuesta a las limitaciones de las estructuras ordinarias del Ministerio Público para investigar redes de poder, corrupción sistémica y graves violaciones de derechos humanos. Su razón de ser se basaba en la cohesión operativa, la especialización acumulada y una autonomía estratégica orientada a garantizar que la ley se aplique a todos por igual.
Un caso que ilustra estas preocupaciones es el del Equipo Especial de Fiscales para Casos con Víctimas durante las Protestas Sociales (Eficavip). La integración de sus investigaciones al subsistema de Derechos Humanos mantiene abiertos los procesos por las muertes ocurridas durante las protestas de 2022 y 2023, pero la desactivación del equipo especializado introduce una diferencia sustantiva entre la continuidad procesal formal y la fortaleza institucional real de las investigaciones.
Para las víctimas y sus familiares, esta decisión es una mala señal, ya que se debilita la consecución de sus casos. Ante este escenario, la conducción interina del Ministerio Público exige prudencia y contención, sobre todo cuando sus decisiones afectan investigaciones sensibles en un contexto político crítico.
La reforma del Ministerio Público en Perú es una tarea pendiente que debe abordarse con cautela y con el objetivo de fortalecer la capacidad del Estado para investigar delitos complejos y garantizar la aplicación equitativa de la ley, sin poner en riesgo los avances logrados en casos emblemáticos de corrupción y violaciones de derechos humanos.
