El cierre de la Supercom, el organismo de control y censura del correísmo, no ha detenido los intentos del Gobierno ecuatoriano por silenciar a los medios de comunicación que se atreven a informar sobre temas incómodos como la corrupción, la inseguridad y la crisis social en el país.
Según un exhaustivo análisis, el Ejecutivo ha optado por utilizar otras instituciones estatales, como el Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Compañías, para asfixiar económicamente a medios como EXTRA y EXPRESO, cuya labor periodística incomoda al poder por insistir en contar lo que otros prefieren esconder.
La práctica de "maquillar la realidad" para que la población crea que vive en un "país ideal" es una estrategia recurrente de los regímenes autoritarios, que siempre necesitan un "enemigo" al que culpar de todos los problemas y, de paso, silenciarlo. En el caso de Ecuador, el cierre de la Supercom en 2019 no detuvo ese afán de control, sino que obligó al Gobierno a buscar nuevas vías para presionar a los medios críticos y mantener el relato oficial.
"Aquella herramienta desapareció en 2019, pero el afán de control no. Hoy, sin la Supercom, parecería que el Gobierno ha optado por otras vías para asfixiar a la prensa incómoda, a la que no se alinea con el discurso oficial ni acepta 'maquillar' un Ecuador que sigue golpeado por la corrupción, el avance de las organizaciones criminales, el abandono a jubilados y afiliados, la falta de medicinas y una educación que no recibe las garantías mínimas", señala el análisis.
La labor de medios como EXTRA y EXPRESO, que insisten en informar sobre estos temas, es vista por el Gobierno como una amenaza que debe ser neutralizada. Para ello, se estarían utilizando instituciones estatales como instrumentos de presión, con el objetivo de doblegar a estos medios y controlar el relato sobre la realidad del país.
Este nuevo capítulo de la tensión entre el Gobierno y la prensa crítica en Ecuador pone de manifiesto la fragilidad de la libertad de expresión en el país y la necesidad de fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas y transparencia para evitar que el poder político abuse de su posición para silenciar voces incómodas.
