Las próximas elecciones en Guatemala serán cruciales para determinar el rumbo político del país en los próximos años. En los próximos meses, se llevarán a cabo cuatro elecciones en instituciones clave, como el Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Corte de Constitucionalidad (CC), el Ministerio Público (MP) y la Contraloría General de Cuentas (CGC), así como la rectoría de la Universidad de San Carlos (Usac). El resultado de estos comicios definirá si se avanza hacia un Estado de derecho o si se consolida la regresión autoritaria y la corrupción.
La primera elección en el calendario es la de las magistraturas del TSE, que tendrá lugar el 20 de marzo. Estas personas serán responsables de organizar los procesos electorales de 2027 y 2031, por lo que su composición es fundamental para la integridad y confianza en los resultados. En los últimos años, se ha deteriorado la confianza ciudadana en la autoridad electoral, debido a denuncias de manipulación en la inscripción de candidaturas presidenciales y a la preocupación por la influencia de grupos de poder y redes corruptas en la elección de los magistrados.
Otra elección clave será la de la Corte de Constitucionalidad (CC), cuyas decisiones tienen un enorme peso e impacto en la vida política del país. Asimismo, la elección del Ministerio Público (MP) y la Contraloría General de Cuentas (CGC) también serán cruciales, ya que estas instituciones han sido utilizadas como herramientas de persecución y castigo por parte de grupos antidemocráticos.
Cabe destacar que en 2023 se vivió un momento de tensión institucional, cuando la Fiscalía y sus jueces aliados intentaron desconocer la voluntad popular expresada en las urnas. Fue gracias a la movilización ciudadana, encabezada por las autoridades de los pueblos indígenas, que se logró evitar un golpe judicial.
En este contexto, el 2026 será un año clave para la democracia guatemalteca. Los resultados de estas elecciones determinarán si se avanza hacia un Estado de derecho o si se consolida la regresión autoritaria y la corrupción. La ciudadanía deberá estar atenta y movilizada para defender la integridad de los procesos electorales y la transparencia de las instituciones.
