La justicia ecuatoriana se encuentra envuelta en un escándalo sin precedentes. Los ciudadanos reclaman que la labor de los jueces sea objetiva, valiente y proba, algo que parece estar lejos de la realidad actual.
El texto denuncia que el Consejo de la Judicatura, el Consejo de Participación Ciudadana y la Corte Nacional de Justicia han actuado de manera cuestionable, nombrando a personas que no cumplen con los requisitos para ocupar cargos clave. Esto habría erosionado gravemente la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial.
Se señala que el "círculo es vicioso y perverso", donde el Consejo de Participación Ciudadana nombra a la Judicatura, que a su vez remueve y designa a jueces y fiscales según su conveniencia, impidiendo así la imparcialidad y objetividad que se espera de la justicia.
Además, se cuestiona la actuación del presidente de la Corte Nacional de Justicia, a quien se le atribuye haber incluido en una terna a una persona que no cumplía con las condiciones para liderar la Judicatura, causando un "irreparable daño a la justicia y al Ecuador".
El texto hace un llamado a que salgan a la luz todas las pruebas sobre presiones ejercidas sobre jueces, y exige que la Corte Constitucional actúe ante las "inconstitucionalidades e ilegalidades cometidas". Finalmente, se demanda la renuncia del presidente de la Corte Nacional de Justicia por el daño causado a la justicia y al país.
Es evidente que la crisis en la justicia ecuatoriana ha alcanzado niveles alarmantes, socavando la confianza de la ciudadanía en un sistema que debería ser un pilar fundamental de la democracia. Las autoridades deben actuar con urgencia para recuperar la credibilidad y la independencia del Poder Judicial, en beneficio de todos los ecuatorianos.
