En un hecho sin precedentes en América Latina, Estados Unidos ejecutó el 3 de enero de 2026 una incursión militar y de inteligencia en Venezuela que terminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.
La operación, conocida como "Resolución Absoluta", fue el resultado de meses de vigilancia, uso de drones, espionaje y control aéreo que permitieron a las fuerzas estadounidenses actuar directamente en Caracas. Washington acusa a Maduro de liderar una red internacional de narcotráfico y terrorismo, y sostiene que su captura forma parte de una estrategia de seguridad nacional.
En solo tres días, Venezuela pasó de un régimen consolidado a una transición forzada, con impacto regional directo y señales claras para países como Guatemala. La detención de Maduro por fuerzas estadounidenses no tiene antecedentes en la historia reciente de América Latina y rompió de forma inmediata el equilibrio político en Venezuela, dejando al régimen chavista sin su principal figura de poder.
La captura fue el resultado de la operación secreta "Resolución Absoluta", planificada durante meses con base en inteligencia, espionaje electrónico y vigilancia aérea con drones. Fuentes estadounidenses señalan que el plan se activó cuando se confirmó la ubicación exacta de Maduro.
El operativo incluyó vuelos a baja altura y la supresión de defensas, con bombardeos selectivos que permitieron la incursión y la extracción del mandatario desde Caracas. Estados Unidos acusa a Maduro de cuatro cargos federales: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para usar ese armamento en actividades criminales.
Según la Fiscalía, Maduro lideró durante más de dos décadas una red criminal ligada al cartel de los Soles, en coordinación con organizaciones catalogadas como terroristas por Washington. Tras la captura, el expresidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos "está a cargo" de Venezuela y dejó claro que no se trata solo de un proceso judicial, sino de una reconfiguración política.
Trump exigió acceso total al país, incluyendo petróleo, carreteras e infraestructura estratégica, y lanzó advertencias a la vicepresidenta Delcy Rodríguez sobre las consecuencias de no cooperar. Inicialmente, el secretario de Estado de los EE.UU., Marco Rubio, avaló un diálogo condicionado con el nuevo liderazgo venezolano, pero advirtió que EE. UU. "juzgará por lo que hagan, no por lo que digan".
Tras nuevas declaraciones de Trump y el aumento de la presión política y militar, dos días después de la incursión estadounidense, Rodríguez juró como presidenta encargada de Venezuela, en un proceso marcado por la tensión y la incertidumbre, enmarcadas en protestas alrededor del mundo en posiciones divididas.
La captura de Maduro redefine las reglas del juego geopolítico en la región. Estados Unidos volvió a usar la fuerza como mensaje político en Venezuela y, para el internacionalista Roberto Wagner, eso confirma que el orden internacional basado en reglas está cediendo. "No estamos viendo reglas, estamos viendo fuerza", advierte, al señalar que Washington busca un cambio de régimen y reafirma su liderazgo regional en medio de su disputa estratégica con China.
Venezuela, subraya Wagner, no puede verse como un hecho aislado. Tras más de dos décadas de chavismo, un país petrolero terminó en crisis económica, migración masiva y pérdida de soberanía. "Es una soberanía que Venezuela cedió", afirma, al mencionar la influencia de Cuba, Rusia e Irán y los conflictos regionales como el de Guyana.
Para Guatemala y Centroamérica, el episodio funciona como una advertencia directa. "Estados Unidos ha regresado a jugar una figura de que ellos mandan en esta región", sostiene Wagner. Ante ese escenario, plantea que Guatemala debe leer su valor geopolítico.
Durante su primera comparecencia en Nueva York, Maduro afirmó ante el juez federal que es "prisionero de guerra" tras su captura en Caracas, en una declaración política con la que busca cuestionar la legitimidad del proceso judicial en su contra por cargos de narcoterrorismo.
