La Corte de Apelaciones de Concepción rechazó los recursos interpuestos en contra de la sentencia que condenó al exteniente de Carabineros, Patricio Enrique Jeldres Rodríguez, por su responsabilidad en una serie de secuestros y homicidios calificados cometidos entre septiembre y diciembre de 1973 contra campesinos de las comunas de Chillán, San Nicolás y Chillán Viejo.
Según la resolución del ministro en visita Carlos Aldana Fuentes, Jeldres Rodríguez, junto a otros carabineros y civiles de derecha, cometieron crímenes de lesa humanidad durante la dictadura de Pinochet. Entre los hechos más macabros se encuentran detenciones ilegales, torturas como ahogar a las víctimas en piletas con agua y aplicarles corriente eléctrica, y la posterior desaparición y ejecución de los detenidos.
La investigación estableció que Jeldres Rodríguez lideraba una "Comisión Civil" integrada por carabineros de la Segunda Comisaría de Chillán, que a partir del 11 de septiembre de 1973 se dedicó a detener y torturar a opositores políticos del régimen militar, sin orden judicial ni administrativa competente. Varios de los detenidos fueron asesinados o hechos desaparecer.
Entre las víctimas se encuentran Gabriel Marcelo Cortez Luna, quien fue detenido y posteriormente ejecutado; Ricardo Troncoso León, quien fue secuestrado y desapareció; y Gustavo Efraín Domínguez Jara, Wilson Alfredo Becerra Cifuentes y Tomás Rogelio Domínguez Jara, quienes fueron retenidos, torturados y finalmente vistos por última vez con vida en las cercanías del puente El Ala sobre el río Ñuble, sin que se conozca su paradero desde entonces.
Además, Jeldres Rodríguez estuvo involucrado en la detención y desaparición de Patricio Lautaro Weitzel Pérez, Arturo Lorenzo Prat Martí y José Gregorio Retamal Velásquez, cuyos cuerpos fueron encontrados flotando en el río Ñuble, y en la detención, tortura y desaparición de Robinson Enrique Ramírez del Prado y Leopoldo López Rivas.
La Corte de Apelaciones de Concepción, en fallo unánime, confirmó la condena de Jeldres Rodríguez a dos penas de 15 años y un día de presidio efectivo, como autor de los delitos de secuestro calificado y homicidio calificado. Además, condenó al civil Juan Antonio Sepúlveda Peña como cómplice del delito de secuestro calificado.
Este caso representa uno de los episodios más brutales y conmovedores de la represión ejercida por agentes del Estado de Chile durante la dictadura de Pinochet, en la que se cometieron crímenes de lesa humanidad contra la población civil.
