El caso de la Seguridad Nacional de Salud (SeNaSa), la principal aseguradora pública de República Dominicana, ha revelado un entramado de corrupción y fallas institucionales que van más allá de un problema sectorial. Los hallazgos de esta investigación confirman que el problema tuvo un carácter político y estratégico, con complicidad y omisión en los más altos niveles del Estado.
El informe detalla cómo el caso SeNaSa atravesó controles técnicos, financieros y judiciales sin ser detenido, lo que evidencia una falla sistémica. Para que un esquema de esta magnitud pudiera operar durante años, no bastaron simples omisiones administrativas, sino una renuncia colectiva a fiscalizar, supervisar y asumir responsabilidades desde los niveles más altos del Estado.
El Congreso Nacional, llamado a ejercer la fiscalización política y el control presupuestario, permaneció al margen de manera injustificable. No hubo interpelaciones, comisiones especiales ni comparecencias públicas que obligaran a explicar los déficits crecientes, los contratos atípicos o la concentración de poder en SeNaSa. Al renunciar a preguntar, el sistema perdió su principal contrapeso democrático y se debilitó el principio de rendición de cuentas.
La Superintendencia de Seguros también debió intervenir de manera temprana. SeNaSa, como aseguradora estatal, manejaba riesgo financiero, primas, pagos per cápita, coberturas y reservas técnicas. Los contratos inflados, los déficits recurrentes y los pagos sin correlato real debieron activar alertas actuariales y de solvencia. Si una aseguradora privada hubiera presentado esos indicadores, habría sido intervenida. El trato diferenciado evidencia un doble estándar institucional difícil de justificar.
Incluso la Dirección de Persecución de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo contaba con elementos suficientes para actuar por tipología, sin necesidad de esperar un escándalo mediático. Los pagos sistemáticos de sobornos, el uso de empresas interconectadas y los movimientos financieros repetitivos sin sustento operativo configuraban lavado de activos en toda regla. La persecución no debió esperar denuncias públicas; debió activarse por patrón y riesgo acumulado.
La inclusión de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) en el análisis eleva el caso a un nivel estratégico. El colapso de la principal aseguradora pública, el manejo irregular de miles de millones de pesos y la existencia de redes empresariales concentradas constituyen un riesgo para la estabilidad institucional, económica y social del país. Si la DNI no vio estas señales, falló por incapacidad técnica; si las vio y no informó, falló por omisión grave.
En este contexto, la creación de una nueva comisión técnica para validar contratos mayores a RD$5.0 millones no corrige el problema, sino que lo confirma. El problema nunca fue la falta de instancias de control, sino la inoperancia o complacencia de las existentes. Añadir otra capa burocrática no fortalece el sistema, sino que diluye responsabilidades, incrementa la nómina pública y normaliza la idea de que cuando el Estado falla, la solución es crear más estructuras en lugar de exigir cuentas a los responsables.
La responsabilidad política es ineludible. Frente a un entramado de tal magnitud, la ausencia de cancelaciones, sanciones administrativas o depuración institucional no puede interpretarse como casual. O se protegió a funcionarios que fallaron, o se confió más en versiones internas que en señales objetivas, o se conocía el problema y se toleró. Cualquiera de esas opciones es grave, porque revela un ejercicio del poder donde la reacción sustituye al control y la lealtad personal pesa más que la rendición de cuentas.
