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Fiscalía investiga certificados municipales que permitieron construcción en zonas de alto riesgo

Familias construyeron sus viviendas en zonas de riesgo y Fiscalía investiga los documentos que emitió la Municipalidad

Fiscalía investiga certificados municipales que permitieron construcción en zonas de alto riesgo

La Policía Anticorrupción y el Ministerio Público realizaron una intervención en la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, con el objetivo de recabar documentación relacionada con la emisión de certificados de posesión que habrían permitido a 38 familias construir sus viviendas en áreas catalogadas como de alto riesgo.

Según las investigaciones, estos certificados habrían sido utilizados por los ocupantes como sustento para iniciar trámites de titulación, al acreditar una supuesta ocupación pacífica y continua por más de diez años. Sin embargo, las autoridades cuestionan si la emisión de dichos documentos se ajustó al marco legal, considerando que los predios se encuentran en zonas no aptas para vivienda.

La situación se complica aún más, ya que los ocupantes de estas 38 viviendas fueron notificados en octubre del 2024 para desocupar los espacios, debido al alto riesgo ante las precipitaciones pluviales. No obstante, transcurrido un año, no hubo ninguna acción y algunos pobladores argumentan contar con el respaldo municipal para permanecer en lo que consideran sus propiedades.

La intervención de la Municipalidad de Cerro Colorado se realizó en las áreas de Gestión de Riesgos y Desastres, y la Procuraduría Municipal, con el fin de recabar la documentación necesaria para determinar si hubo irregularidades en la emisión de los certificados de posesión. El Ministerio Público investigará a fondo si estos documentos se ajustaron al marco legal vigente.

Esta situación pone en evidencia la complejidad de los problemas de ocupación ilegal de terrenos en zonas de alto riesgo, y la necesidad de una mayor coordinación y supervisión entre las autoridades municipales y el Ministerio Público para evitar este tipo de irregularidades que ponen en peligro la seguridad de los ciudadanos.

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