Según un informe publicado recientemente, al menos 56 exministros que ejercieron sus cargos entre el 2001 y el 2022 se postulan a las elecciones parlamentarias de abril. De estos, 24 pertenecieron a los gabinetes del expresidente Pedro Castillo, lo que ha generado preocupación sobre los posibles intereses detrás de estas candidaturas.
Si bien es cierto que la experiencia de exfuncionarios puede ser valiosa para el Estado, la desproporcionada presencia de colaboradores de Castillo llama a la sospecha. Algunos analistas consideran que estos políticos podrían buscar protegerse de futuras investigaciones por los actos de corrupción y abuso de poder cometidos durante la administración pasada.
Es importante recordar que varios de estos exministros enfrentaron serias denuncias por corrupción, ocultamiento de pruebas y otras irregularidades. Su eventual llegada al Parlamento podría representar un riesgo para la integridad del sistema democrático, por lo que la ciudadanía deberá estar atenta para evitar que quienes delinquieron en el pasado se salven por la vía electoral.
La reelección de autoridades y la presencia de técnicos experimentados en cargos clave es un tema que este Diario ha abordado en reiteradas ocasiones. Sin embargo, en este caso, los matices son fundamentales. Si bien la experiencia de los exfuncionarios puede ser valiosa, las motivaciones detrás de estas candidaturas parecen ir más allá de los intereses del Estado y responder a una agenda de protección personal.
Es crucial que el proceso electoral se desarrolle con total transparencia y que los votantes tengan toda la información necesaria para tomar decisiones informadas. La democracia debe prevalecer sobre cualquier intento de manipulación o uso indebido del poder.
