El gobierno de Venezuela ha autorizado la detención "inmediata" de toda persona que celebre o apoye el supuesto ataque de Estados Unidos contra el país, en medio de un decreto de estado de conmoción exterior que también permite la militarización de servicios públicos e industrias estratégicas.
El decreto, firmado por el presidente Nicolás Maduro el 3 de enero, ordena a las autoridades "emprender de manera inmediata la búsqueda y captura en todo el territorio nacional de toda persona involucrada en la promoción o apoyo del ataque armado de Estados Unidos contra el territorio de la República". Aquellos detenidos serán "puestos a la orden del Ministerio Público y del sistema de justicia penal, con miras a su juzgamiento", según el texto.
La medida se produce en medio de informes sobre detenciones de ciudadanos que habrían celebrado públicamente la supuesta captura de Maduro y su esposa por tropas estadounidenses, un hecho que aún no ha sido confirmado. Hasta el momento, se han reportado al menos dos arrestos en la localidad de Guaraque, donde unos adultos mayores fueron detenidos por "gritar consignas en contra del gobierno" y "efectuar detonaciones con arma de fuego".
Además, el decreto autoriza a las autoridades a restringir derechos como el de reunión, manifestación y libre tránsito durante 90 días, prorrogables por un periodo similar. También permite la militarización de "la infraestructura de servicios públicos, la industria petrolera y demás industrias básicas del Estado".
Las amenazas de algunos funcionarios, como el gobernador de Táchira, Freddy Bernal, quien advirtió que "no permitiremos burlas celebrando el secuestro del presidente Nicolás Maduro" y ordenó capturas, han contribuido a generar un ambiente de "tensa calma" en el país, según un activista de derechos humanos consultado.
La represión gubernamental a las protestas ocurridas tras las cuestionadas elecciones presidenciales de 2024 se saldó con más de 2.000 detenidos, la mayoría acusados de delitos de terrorismo e instigación al odio. En las últimas semanas, las autoridades han seguido aprehendiendo a opositores y dirigentes sindicales, y han aprobado leyes que castigan con hasta 20 años de cárcel a quienes respalden acciones como la confiscación de buques petroleros por parte de EE.UU.
